jueves, 28 de febrero de 2008

Elecciones en marzo

El 13 de mayo de 2001, el frente formado por el PP (de Jaime Mayor Oreja) y el PSE-PSOE (de Nicolás Redondo Terreros), que había cedido cualquier liderazgo a los conservadores, sufría una severa derrota electoral a manos de la coalición PNV-EA. La misma suerte, es decir, la derrota siguió la izquierda radical. Poco antes, el 8 de diciembre de 2000, estos dos partidos al aprobar el “Pacto por la libertades y contra el terrorismo”, en palabras de José Antonio Zarzalejos “expulsaban al nacionalismo vasco del ámbito democrático” (Contra la secesión vasca, 2005). Es cierto que, como recordaba el ex diputado general de Álava, Ramón Rabanera, la única posibilidad que tiene la derecha de superar al nacionalismo democrático, es a través del frente PP-PSOE (El Correo, 3 de febrero de 2008).

El éxito del nacionalismo vasco democrático, a pesar de que unos hayan tratado de ocultarlo tras cifras y estadísticas (Barbería y Unzueta, Cómo hemos llegado a esto), y otros de un éxito personal, estaba basado en que, por fin, había plantado cara al constitucionalismo (frente PP-PSOE) y, por otro lado, se había desmarcado de ETA y del mundo radical, superando para siempre el periodo de Lizarra. Y, a la hora de la verdad, los ciudadanos expulsaron del poder democrático a unos y a otros. El proceso de desgaste de la izquierda radical se hubiese acentuado si no se hubiese aprobado la Ley de Partidos (junio de 2002).

En este periodo, asimismo, arrancan varios procesos interesantes. Tras conseguir el PP la mayoría absoluta, las derechas se extreman. En este punto, la Jerarquía católica y algunos clérigos (como el jesuita Fernando García de Cortázar) tuvieron mucho que ver. Este último, en dos colaboraciones para la fundación FAES, defendía el “cierre” del Estado Autonómico, es decir, dar por concluido el proceso de transferencias y negar satisfacciones simbólicas a aquellas comunidades de identidad diferencia o más marcada. Esto significaba, entre otras cosas, el incumplimiento del Pacto estatutario en Euskadi. Por otro lado, el padre García de Cortázar interpretaba que, durante la transición, se “había producido un brutal proceso de desnacionalización española”. Ante esto, que es parte esencial del programa del PP, el historiador Xavier Tusell precisaba: “Una interpretación más ajustada pasaría por afirmar que el sentimiento nacional español siempre fue débil, al menos en términos comparativos, y que el franquismo contribuyó poderosamente a cimentar esta realidad” (Xavier Tusell, El Aznarato, 2004).

Entre 1996 y 2001, Jaime Mayor Oreja ejerció de ministro del Interior de los Gobierno del PP. Desde esta responsabilidad alentó y financió generosamente algunas plataformas. Disfrazadas bajo el antifaz de “pacifistas” se convirtieron pronto en una punta de lanza del frente PP-PSOE y, a medida que pasaba el tiempo y, sobre todo, a partir del 14 de marzo de 2004 en un instrumento de desgaste del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, junto a las plataformas y algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, surgieron como setas lo que el profesor Alberto Reig Tapia, catedrático de Ciencia Política llama “historietógrafos” (Alberto Reig Tapia, Anti Moa, 2006). Entre los “historietógrafos” más conocidos Pio Moa, un antiguo terrorista de los GRAPO militante en la extrema-derecha, y César Vidal, un pastor protestante a quien la Jerarquía Católica ha colocado como comentarista-locutor en la COPE. En este último caso, no estamos ante un problema de ecumenismo, sino de militancia contra el Gobierno, el Partido Socialista, los nacionalistas y cualquiera que, en el PP, ose disentir de Aznar, de Jiménez Losantos (un ateo que ha convertido la emisora católica en un instrumento para ajustar las cuentas a sus enemigos personales)(Fernando Jauregui, La decepción, 2008).

La investidura de José María Aznar fue votada favorablemente por tan solo el 18 por ciento de los representantes de la CAPV. El resto lo hizo en contra. Ningún presidente desde 1977 había tenido un respaldo tan pequeño. La derecha comenzó entonces un proceso de estrechamiento del campo democrático, aprobando una serie de leyes ad hoc cuya finalidad última era la de eliminar a sus adversarios políticos. Para entonces, el Consejo General del Poder Judicial estaba controlado por magistrados ultraconservadores.

El recordado Manolo Vázquez Montalbán escribió: “A medida que cumplía su primer mandato (1996-2000), Aznar se sentía afirmado en su cargo y además Telefónica, dirigida por su compañero de estudios Villalonga, crecía y los medios de comunicación paragubernamentales hablaban de Aznar como si fuera el mismísimo Franco pero en laico, es decir, un salvador de España, capaz de llevarla a las más altas cimas del desarrollo y además democráticamente correcto”. Era la “aznaridad”.

El periodista catalán decía que había que reprochar a los del PNV el “haber llamado franquistas a los PP porque nadie debe ser condenado como franquista mientras no se demuestre que lo es y si se demuestra que lo es, pues a disimular, porque no olvidemos que el franquismo ganó la guerra civil, ganó la postguerra civil y todo indica que ha ganado la segunda transición y los franquistas, día a día, van siendo más conscientes de que el l siglo XXI aún puede irles mejor” (Manuel Vazquez Montalbán, La Aznaridad,2003).

¡Que Dios nos coja confesados!

En su despedida como obispo de Pamplona y Tudela, Fernando Sebastián reconocía que, catorce años después, la Iglesia Católica había retrocedido en Navarra. Un grupo de fieles y sacerdotes críticos con su gestión hizo público un documento titulado 'Otra Iglesia Diocesana es posible'. Quienes se hayan movido por algunas zonas de Navarra se dará cuenta que, en tan solo una década, las iglesias se han vaciado. Monseñor Sebastián ha ido sustituyendo, por ejemplo, a los párrocos de comarcas vascófonas, cuyos fieles pueden tener ideas políticas diferentes a las del obispo dimisionario (uno de los ideólogos de la línea editorial de la actual COPE), por jóvenes, muchos de ellos guipuzcoanos (de Elgeta, Zumarraga, Soraluze,..) y euskaldunes, formados en un seminario ultraconservador de Toledo. ¿Resultado?. Si antes la Misa Mayor registraba auténticos “llenazos”, la misma iglesia hoy apenas si es ocupada por un puñado de gentes de edad y los niños que van a hacer la Primera Comunión (que, por cierto, cuando comulgan por primera vez, ya no vuelven a aparecer).

La Iglesia (Católica y Romana) se está quedando para algunos momentos de la vida del hombre (y de la mujer). El Bautismo, la Comunión, el Matrimonio (cada vez menos: con repercusión negativa en los otros dos sacramentos) y la Extremaunción al final de la vida.

Los jóvenes no quieren una iglesia que prohíba, que amenace, que restrinja, que de la espaldas al mundo y sus problemas. Quienes nos consideramos católicos, lo hacemos en una acto de libertad, aunque no estemos convencidos de muchas cosas. Yo, en este sentido, me siento muy cerca de Spencer Tracy, un irlandés católico que prefirió pecar a romper con la religión de sus padres que consideraba la única verdadera. La Iglesia represora del Medievo y de Trento espanta a los fieles. Por otro lado, sigue sin darse cuenta que la evolución de la humanidad desde 1962 hasta hoy es comparable al del milenio anterior. El Concilio Vaticano puesto en marcha por el buen Papa Juan acercó la Iglesia al pueblo haciéndola inteligible, y Papa Benedicto y, sobre todo, los obispos hispanos, la están convirtiendo en odiosa.

Y es que los jóvenes de internet y la globalización no entienden lo que les dicen en la iglesia, y no van. Los católicos –que no somos ni del PP y estamos en la antípoda del Opus Dei y movimientos similares- cada vez entendemos menos. A pesar de los llamamientos de don Ricardo Blázquez, la “comunión con la Iglesia” no puede servir tropelía tras tropelía. La Cope (nos) insulta cada día a un sinfín de católicos. Muchos de mi generación (que pasamos en su día por la Universidad de Navarra) seguimos siendo católicos por sacerdotes como los que intenta combatir Monseñor Rouco a través de Iceta. Yo entiendo el Evangelio que practicaba mi tío, Domingo San Sebastián, algunos agustinos que me llevaban a ayudarles a Misa a las cárceles, donde estaban “hijos de dios”, a José Antonio Montoto (que ya no llegara a obispo) al que acompañaba a visitar a moribundos. Por no hablar de mi familia cercana. Lo que conocí del catolicismo del Opus Dei (si hubiese sido el único) era razón suficiente para cambiar de iglesia (eso en mi caso, que soy de los que cree que no se puede vivir sin Dios).

La herencia de Monseñor Rouco va a marcar un hito en la historia de la Iglesia Católica. O, mejor dicho, en el vaciamiento de la Iglesia Católica española y vasca, al mismo tiempo que va lograr (ya lo está logrando) que se identifique "católico" con PP, a pesar de que sus tres máximos portavoces –Losantos, Ramírez y Vidal- no está, precisamente, en "comunión con la Iglesia". Los obispos se están convirtiendo en militantes anti-gobierno.

La culpa de lo que ocurre no es del Gobierno, como pretenden algunos (muchos) obispos. Ellos, como pastores, son los principales responsables. La comunión con la Iglesia no justifica todo.

Vamos a tener un obispo guerniqués y euskaldun, ¿y?. Euskaldunes eran Laucirica (de Iurreta) o Gúrpide (Otxagabia). ¡Qué Dios nos coja confesados!.



Enviado a DEIA el22 de febrero de 2008

martes, 5 de febrero de 2008

JUSTICIA PROPIA, JUSTICIA AJENA

En el otoño de 1985, el entonces ministro de Justicia comunicaba a dos miembros de diario El Correo Español que el Artículo 35.3 era incumplible. Fernando Ledesma, que así se llamaba el ministro, aseguraba que la Constitución (artículo 149) atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia. En Estatuto no negaba esto último, simplemente, decía que las instituciones vascas participarán en la provisión de vacantes de jueces y magistrados. De esta forma, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no solo quebraba el pacto estatutario de 1979, sino que abría un foso entre los jueces y la parte de los ciudadanos que consideraba que el Texto de Gernika en su integridad era la mínima garantía de convivencia.

Como se ha demostrado en los últimos tiempos, el órgano de gobierno de los jueces es, no solo una institución politizada, sino “partidizada”. Progresistas y conservadores parecen seguir las consignas del partido que les ha propuesto, tanto en algunas decisiones, como en nombramientos o en sus casi cotidianas peleas internas. Ni que decir tiene que hace años que, en la provisión de vacantes, han dejado de considerarse méritos preferentes el conocimiento del derecho propio y de la lengua. Los méritos preferentes son otros bien distintos. Da la impresión que la consigna es clara: “Domuit vascones”. Y, como Fernando Ledesma en 1985, “vayamos desgastando la autonomía que acabarán entrando por el aro”.

Casi veinticinco años desde la aprobación de la LOPJ y, como ha quedado patente, hay una parte de la ciudadanía vasca que considera a la Justicia española, sino como algo ajeno, sí un mal inevitable.

La historia de la transición judicial tiene muchas partes oscuras. Uno recuerda la escandalera que se montó cuando el PSOE nombró fiscal general del estado a Eligio Hernández. Le acusaban de llevar menos de quince años en la Carrera fiscal. Claro que si hubiese llevado más tiempo, tendríamos a un fiscal franquista. Numerosos jueces y fiscales franquistas siguieron en la carrera sin someterse a la más elemental prueba democrática (por ejemplo, unas elecciones). Y no solo jueces de lo civil y lo penal, también de los tribunales especiales, como el Tribunal de Orden Público, el tristemente célebre TOP.

Que una plataforma de extrema derecha, como Manos Blancas (cuyos miembros militaban en organizaciones que, en países como Alemania o Italia, están prohibidas), cuya representatividad es inexistente, se haya convertido en el principal valedor del honor mancillado de un tribunal, dice poco de la capacidad de, por lo menos, de generar confianza entre un porcentaje alto de vascos, que consideramos –viendo el caso Botín- que han primado los argumentos políticos sobre los jurídicos.

A un diario de Bilbao, en su editorial, le preocupaba que un sector de la ciudadanía vasca, representado por quienes se manifestaron el sábado, no considerase como propio, por ejemplo, al Tribunal Supremo. No tengo una respuesta clara. Pero, pensamos que algunos de sus miembros, ideológicamente, dan la impresión de estar mucho más cerca de los acusadores. Lo que sí es cierto es que, a juzgar por lo leído en La Razón, algunos jueces sí parecen militantes del sindicato arriba citado.

En 1985, se perdió una oportunidad en parte por los miedos que siguieron a la intento golpista del 23-F, una de las razones por las que el Estatuto de Gernika no fue vulnerado con leyes como la LOPJ, sino que sigue pendiente el cumplimiento de artículos como el 10 o el 18.



Enviado a Deia el 29 de enero de 2008

sábado, 2 de febrero de 2008

Las Derechas

El pasado otoño (el 9 de octubre, para ser exactos) el Partido Popular cumplía treinta años en la más absoluta discreción. Como si, a sus dirigentes, les diese vergüenza la efeméride. No hay que olvidar el PP, entonces, Alianza Popular, había nacido como una federación de pequeñas asociaciones encabezadas por significados franquistas. Son los llamados “siete magníficos”: Manuel Fraga Iribarne, Laureano López Rodó, Federico Silva Muñoz, Licinio de la Fuente y de la Fuente, Cruz Martínez Esteruelas, Gonzalo Fernández de la Mora y Enrique Thomas de Carranza. Los seis primeros habían sido ministros en diferentes Gobierno de Franco. El último era el presidente de los “combatientes” franquistas (Hermandad Nacional de Combatientes). Manuel Fraga, además, había sido ministro de Gobernación con Arias Navarro (1975-1976) y, como tal, responsable de la matanza de Vitoria (3 de marzo de 1976).

El pensamiento fundacional de Manuel Fraga quedó recogido en un librito “Alianza Popular”, editado en Bilbao (Ediciones Albia, 1976) y desarrolla en parte el programa del primer Gobierno de la Monarquía redactado por el propio Fraga. Este podía resumirse en algo así como: democracia sí, pero, poco a poco, en pequeñas dosis y manteniendo en lo esencial el aparato institucional del franquismo.

Mientras todo esto ocurre, se vive el período que Nicolás Sartorius y Alberto Sabio han denominado “el final de la dictadura” y que comprende entre las 4 y veinte de la madrugada del 20 de noviembre de 1975 (cuando Francisco Franco deja de existir) y las 9 de la mañana del 15 de junio de 1977 (cuando se abrieron los colegios electorales).

En este período, poco menos de dos años, las derechas, especialmente, Carlos Arias-Navarro, habían fracasado estrepitosamente a la hora de perpetuar un franquismo sin Franco. Y, por si fuera poco, acabó alineándose con el sector más radical del franquismo: el llamado “bunker”.

Pero, mientras se producía la pugna entre franquistas reformistas (Fernández-Miranda), franquistas radicales (Girón de Velasco-Arias) y “tercera vía” franquista (Fraga), la oposición, que se estaba reorganizando, había tomado las calles. A esto, había que sumar las protestas obreras. Y, claro, todo último no podía tolerarse.

El balance de la represión en el final de la dictadura resulta estremecedor. Arias Navarro ya lo había dejado claro: “El Gobierno dispone de fuerzas de orden público y de seguridad más que suficientes para aplastar inexorablemente cualquier intento de subvertir o alterar la vida del país”. La política de “mano dura” se aplicó tanto en el período Arias como en el período Suárez. El resultado: decenas de muertos y heridos, aderezados con las torturas de la extrema-derecha y las intervenciones de la extrema-derecha (sobre todo los “guerrilleros de Cristo Rey”). Destacados miembros de la oligarquía franquista como Araluce Villar y Oriol Urquijo financiaron a los grupos de extrema-derecha que participaron en la matanza de Montejurra (mayo de 1976).

En este marco, la opinión pública internacional, especialmente la europea, no parecía muy favorable al mantenimiento en el Continente de una dictaduta, especialmente tras la caída de las dictaduras de Grecia y Portugal.

Carlos Arias Navarro, “carnicerito de Málaga” (sobrenombre que le venía de sus tiempos de fiscal militar en la ciudad andaluza tras la guerra civil), fue sustituido por Adolfo Suárez por influencia de Fernández-Miranda. Es este último el encargado de poner los medios para liquidar la dictadura.

Ante los tiempos que se avecinaban, las derechas fueron incapaces de presentarse unidas a unas elecciones. Sobre todo por la aversión personal entre Fraga y Suárez. Había que crear un partido para Adolfo Suárez, así que una comisión de notables vinculados en buena parte al Gobierno, aprovecharon la estructura del Estado y del Movimiento Nacional (el partido único franquista) para crear la UCD. Lo que si quedaba claro, como recordó Francisco José Llera en su tesis doctoral, es el origen franquista tanto de AP como de la UCD, a pesar de algunas “incrustaciones”.

Y esto sirve para el Euzkadi. En 1977, los partidos de derecha estaban fundamentalmente por franquistas. Casi todos los cuadros de la UCD están muy vinculados a los llamados “consejos del Movimiento”(alcaldes, jefes locales, consejeros provinciales,..). Estos últimos, por ejemplo, habían jugado un papel determinante en la represión de los días del “estado de excepción” en Bizkaia y Gipuzkoa (1975).

Hace treinta años y medio las derechas comenzaban su camino hacia la homologación democrática. Según Sartorius, sus crímenes quedaron formalmente amnistiados en 1977. Curiosamente va a ser ETA la que atentando contra miembros de la derecha acelerase esa homologación.

Si uno acude a la página web del PP, se dará cuenta que, efectivamente, AP y PP son la misma cosa. Por ejemplo, el orden de sus congresos es correlativo. Entonces, ¿por qué se han olvidado de su cumpleaños?.

Enviado a DEIA el 1 de mayo de 2007.

Conflictos vascos

Los asesinatos de Capbreton nos retrotraen a unos de los peores momentos de la historia de la transición en Euzkadi, que fue el momento en que ETA mató a un militar en Madrid tras la tregua de 1998. Entonces, todas las miradas (y todos los ataques) se volvieron contra el Partido Nacionalista Vasco. La tesis –que es la que defiende Jaime Mayor Oreja- era simple: “ETA existe porque existe el PNV. Acabemos con el PNV y acabaremos con ETA”. De forma simultánea, la izquierda radical se creía (y se cree) con algún tipo de autoridad sobre el conjunto nacionalismo o, mejor dicho, que el PNV tiene algún tipo obligación hacia ella. Algo así como los deberes de un ex marido hacia su ex mujer tras un divorcio.

En 1998, se pensó que el traslado mimético de la experiencia irlandesa a Euzkadi facilitaría el que ETA dejase las armas. ¡Craso error!. El pacto previo entre quienes en aquel momento se consideraban nacionalistas no respetaba el juego de mayorías y minorías y los radicales. En Lizarra, la izquierda radical, primero, intentó liderar un proceso. En segundo lugar, intentó resucitar Chiberta (que, en su día, no fue más que una anécdota histórica) que era algo así como “actuemos al margen de la ley y del Estado”.

En 2001, el PNV, acosado por unos y otros, optó por la independencia de criterio (y programa) y acertó.

Considerando que el PNV había fracasado en sus intentos por alcanzar la paz, el PSOE, legítimamente, comenzó el suyo. La oportunidad de ponerlo en marcha llegó en marzo de 2004 cuando, derrotado el PP, Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno. En aquella negociación, no solo se iba a marginar al lehendakari Ibarretxe y a su partido, sino que iban a ponerse de acuerdo para evitar que el PNV siguiese el despegue electoral iniciado el 13 de mayo de 2001.

Si uno lee con detenimiento tanto las declaraciones de líderes socialistas como los artículos publicados en Gara en los días en que se declaró el “alto el fuego permanente” comprobará que menudean las advertencias al lehendakari y al PNV para que no metiesen la narices en un negocio que consideraban “de dos”. De la misma forma, las derechas –que consideraban que el PSOE había llegado al poder de forma ilegítima- se empleaban a fondo para evitar cualquier éxito de los socialistas. Es cierto que Zapatero dio algunos pasos. El de EHAK fue uno de ellos, consiguiendo, además, que el lehendakari no consiguiese mayoría absoluta. Pero, también es cierto que, en su negociación, pasaba más tiempo mirando encuestas o haciendo caso a lo que decían Pedro J.Ramírez y la Cope que buscando soluciones reales. Por su parte, ETA y los radicales, como en 1998, dedicaban todo su empeño a tensar la cuerda (hasta que, como es tradicional, la rompieron).

Mientras tanto, ante las dificultades surgidas, una representación del PNV se había incorporado a la negociación. Pronto comenzamos a leer y escuchar reproches, especialmente por parte de la izquierda radical hacia los jeltzales. Paco Letamendia reprochaba a estos últimos de haber dejado demasiado solos a los de Otegi. Eso sí, parece que, hasta entonces, no les había importado la soledad. Se decidió ejercer diferentes tipos de presión tanto sobre el Gobierno central como sobre el PNV. Una potente carga explosiva acabó con un proceso de paz que había comenzado siendo cosa de dos.

En tanto se desoja la margarita de la negociación con ETA, el nacionalismo vasco y el lehendakari habían iniciado algunos movimientos, negándose a que la cuestión terrorista marcase el devenir político vasco. Juan José Ibarretxe, finalmente, presentó un calendario para consultar a la sociedad sobre lo que estaba ocurriendo.

El pasado jueves, el periodista Patxo Unzueta publicaba un artículo titulado “La tarea del PNV” (que recordaba mucho a otros que escribió en los días que siguieron al asesinato de Miguel Angel Blanco). Citando a Txiki Benegas (Diario de una tregua) dice que, cada vez que Otegi se entrevistaba con Juan José Ibarretxe, el primero salía más radicalizado. Se supone que el “radicalizador” era el lehendakari.

La explicación de esto y de otras cuestiones es algo que no es cierto. El nacionalismo vasco en JEL no cree –como asegura Unzueta- ni que “cuestión terrorista y la superación del ‘conflicto político con el Estado’ sean dos caras de la misma moneda”, ni constata el nacionalismo en JEL “que hay vascos que matan en nombre de ese conflicto”, ni deduce que “el fin de ETA pasa necesariamente por el reconocimiento del derecho de autodeterminación”.

José Luis “Patxo” Unzueta que conoce la Ponencia Política del PNV vigente y ha repasado el discurso de Iñigo Urkullu se habrá percatado de, en primer lugar, que se apela a la Disposición Adicional Primera de las Constitución española de 1978 (reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales). Seguro que conoce el libro editado por Miguel Herrero de Miñón y Ernest Lluch, Derechos históricos y constitucionalismo útil (Crítica, 2001). Le recomiendo vivamente que vuelva a leer la Introducción.

El conflicto vasco tienen que ver tanto con la abolición foral como de la incapacidad del Estado español de cumplir sus propias normas (desde las leyes Abolitorias de 1839 y 1876 –seguro que Patxo guarda el libro de Federico Zavala De los Fueros a los Estatutos- hasta la Constitución última y el Estatuto de Gernika). A todo ello, hay que sumar lo que el profesor Linz define como “escasa legitimación constitucional en Euskadi”.

En los últimos días, Unzueta y otros aseguran que “la responsabilidad del nacionalismo vasco es ahora la deslegitimación de ETA”. El PNV ha repetido que, con ETA, no comparte ni medios, ni fines. Pero, esto también lo ha dicho el lehendakari. Entonces, ¿dónde está el problema?. Lo que no va a hacer ni el Gobierno vasco, y menos el PNV, es aceptar el “pacto antiterrorista”, la Ley de Partidos (con esperpentos como el proceso de los encausados en el Sumario 18/98) ni la Constitución. Lo que la hacía inaceptable en 1978 no solo no se ha corregido, sino que la situación está peor.

ETA no es, para el nacionalismo vasco en JEL, una consecuencia del conflicto vasco, más bien uno de los mayores obstáculos para su resolución. Y no quiere decir esto ni que, desaparecida ETA, se soluciona el conflicto, ni que solucionado el conflicto desaparezca ETA.



Enviado a DEIA el 10 de diciembre de 2007

Debate en el PNV

“Ponencia política” se ha convertido es uno de los conceptos claves de este verano. A esta cuestión, por ejemplo, se ha vinculado la posible paz interna en el PNV y, en otros casos, se sigue cimentando el mito-falacia en torno al sistema de toma de decisiones en este partido. La lectura del último artículo del historiador Manu Montero confirma que el mundo académico sigue sin aclararse en este apartado. Lo cierto es que es debate no solo ha sido una constante en el nacionalismo en JEL, sino que no se han producido grandes crisis por razones doctrinales.

Si uno repasa los programas de EAJ-PNV hasta 1987, se dará cuenta que, tradicionalmente, la doctrina se ha sustentado sobre pocas ideas simples y mucha (y buena organización). La idea fuerza, que hoy mantiene toda su vigencia, es “Euzkadi es la Patria de los Vascos” (Euzkotarren Aberria Euzkadi da). Seguramente, podíamos traducirlo como “Euzkadi es la (única) Patria (posible) de los Vascos”.

Durante casi ochenta años, el objetivo del nacionalismo vasco democrático fue el de la vuelta a la situación anterior a 1798 y 1839 y, sobre la base de la reintegración foral plena (que gentes como engracio Aranzadi consideraban como sinónimo de independencia), construir la nación sobre la base de la “libre confederación de los estados vascos” (Arana-Goiri). Desde casi su nacimiento, el nacionalismo en JEL optó por el posibilismo y el gradualismo rechazando tanto las posiciones de tibieza (Ulacia) como las más radicales (de JOALA). En el proceso de escisión del comienzo de la década de los 1920 (Comunión-Aberri), además de algunas diferencias de estrategia (si uno lee con cuidado los programas de Comunión y Aberri verá que las diferencias eran mínimas), hubo muchas cuestiones personales (con intervención protagonista tanto de Elías de Gallastegui como del viejo Luis de Arana-Goiri).

En el periodo republicano, se producen algunas cuestiones interesantes: la organización se consolida en Bizkaia y Gipuzkoa y comienza a extenderse por la zonas agrarias de Araba y Nafarroa. Un afiliado de Tafalla, Jesús de Daxanbaratz, llegó a ser presidente del EBB. En aquellos días, además, la consecución de un régimen de autonomía se había convertido en la prioridad para el Partido. En la década de los 1930, se producen asimismo dos hechos que, al final, no tuvieron especial relevancia en el desarrollo del PNV: la salida del sector laico que funda ANV (que acabó integrándose en el Frente Popular español) y la escisión de un sector del Euzko Mendigoizale Batza (Jagi-jagi), una vez más inspirada por Gallastegi y Luis Arana.

El comienzo de la guerra civil cierra una de las etapas más importantes en la historia del PNV. Aunque fuese en plena guerra y, por ende, con efectos limitados, se alcanzó un régimen de autonomía, formándose el primer Gobierno vasco. Y todo ello gracias a una sucesión de acuerdos trasversales. Por otro lado, se profundiza en la democratización interna.

Entre 1939 y 1979, hay una serie de hitos relevantes en la historia del PNV. El rechazo a los sucesivos intentos de “frentes nacionales” (con o sin participación de ETA), la introducción del derecho de autodeterminación en la ideología nacionalista (1949) y el mantenimiento del Gobierno de Euzkadi como órgano pluripartidista de representación de los vascos.

En 1976, llegó el momento del gran balance tras cuatro décadas de dictadura militar. En el debate, participaron miembros de diferentes generaciones. En la Asamblea Nacional de Iruña (1977), como había sido tradición en el PNV, apoyó una ponencia política los suficientemente abierta como para que pudiesen identificarse con el partido las tendencias diversas y, desde luego, integrar a todas las tendencias posibles. De esta forma, EAJ-PNV se convirtió en la primera fuerza política vasca.



Enviado el 30 de agosto de 2007

Hacia un mínimo para la convivencia

Las elecciones generales de 1977, dejaron claras algunas cuestiones. La primera es que sacó del limbo a quienes pensaban que las dos grandes fuerzas históricas, el PSOE y PNV, iban a quedarse como opciones residuales. Fueron muchos quienes se presentaron a aquellos comicios que ellos eran los herederos ciertos de uno y otro. Se equivocaron. El PCE que se reclamaba como la única fuerza que había combatido al franquismo desde el primer día hasta el último acabó desapareciendo (o casi). Por otro lado, las derechas posibilistas, en su mayoría de origen franquista, se agruparon en UCD (que nacía como un partido para Suárez) y lograron aguantar el tipo gracias, sobre todo, a la estructura del Movimiento Nacional (alcaldes, jefes locales y provinciales, consejeros).

El gran fracaso lo cosecharon aquellos quienes se consideraban con más méritos en la lucha antifranquista. Así, por ejemplo, el PCE, el principal impulsor de las Comisiones Obreras, se convirtió en una opción residual. Otro tanto ocurrirá, eso sí, de forma más cruda e intensa, con todas las opciones a la izquierda del PCE: maoistas, trostkistas,… Algo parecido ocurre a la derecha de la UCD: Alianza Popular (primera denominación del PP) y otros opciones, como Guipúzcoa Unida.

La “izquierda abertzale”, digamos que mayoritaria, se iba a presentar unida como Euskadiko Ezkerra que integraba a EIA, HASI, MCE e independientes. A ETA militar, no le hacía mucha gracia esta opción, y trata de sacar adelante el proyecto de Chiberta con las fuerzas nacionalistas. Pero, ni el PNV, ni ETA pm-EIA, ni los demás, estaban dispuestos a dejar la dirección del movimiento nacionalista en manos de los “milis”. Y acertaron.

Entre 1977 y 1980, el PNV se iba a consolidar como la primera fuerza vasca. Y es a este partido al que iba a tocar el liderazgo de los cambios que habían de producirse en lo que hoy es Comunidad Autónoma Vasca.

Al acabar 1980. El PNV ocupaba las alcaldías de Bilbo, Donostia y Gasteiz (estas dos últimas por primera vez en su historia). Y no solo éstas. En Gipuzkoa, por ejemplo, las de Irún o Eibar. En Bizkaia, las de Basauri, Barakaldo, Santurtzi,… Además, claro, Carlos Garaikoetxea se había convertido en lehendakari del Gobierno Vasco.

En este periodo se producen tres momentos claves para el PNV. Su postura ante la Constitución española, el Estatuto y la sucesión de Carlos Garaikoetxea al frente del EBB. Sobre esta asunto, hay tres libros muy recomendables. Dos son las memorias políticas de Carlos Garaikoetxea (“Euskadi: la transición inacabada”) y Xabier Arzalluz (“Así fue”) y el tercero la crónica oficial de la negociación constitucional redactada por Eugenio Ibarzabal en 1978 (y reeditada posteriormente): “El Partido Nacionalista Vasco ante la Constitución”.

Todo ello se produce, primero, en medio de una brutal crisis económica, de dimensión universal, pero que, Euzkadi, se había agravado por la inoperancia de las derechas (primero, el franquismo económico y, luego, la UCD). Y, por si fuera poco, las dos ramas de ETA y los Comandos Autónomos Anticapitalistas reavivaban la lucha armada. Y, frente a esta, las diferentes opciones de terrorismo franquista y de llamada “guerra sucia”. La primera consecuencia fue el golpe de estado (fracasado) del 23 de febrero de 1981 que, para el País, tuvo consecuencias, sobre todo, en el desarrollo autonómico. El PSOE y las derechas aprobaron el proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), que si, aparentemente, fue rechazada por el Tribunal Constitucional, no solo ralentizó el proceso autonómico y sino que bloqueó hasta hoy (septiembre de 2007) el traspaso de competencias esenciales como la Seguridad Social o la Investigación Científico-Técnica. Aún así, es cierto que, en 1981, se recuperó el Concierto Económico para Bizkaia y Gipuzkoa (que había sido abolido por los franquistas).

El PNV tenía ante sí el reto de construir un país nuevo y, como se verá, los demás estaban empeñados en impedírselo a toda costa. ¿Cómo hacerlo?. No hay nada más débil que una organización dividida y, a poder ser, rota. Y, en ello, se van a empeñar unos y otros.

Mientras tanto, por un lado, se iban recuperando las viejas instituciones democráticas (Juntas Generales), surgiendo otras nuevas (Parlamento) y creando instrumentos esenciales como la Ertzaintza, la Radiotelevisión,…

La autonomía era una forma de avanzar y, a partir de 1981, el Estatuto de Autonomía “de Gernika”, en su integridad, era el mínimo aceptable por parte del nacionalismo vasco en JEL. Quizá cuestión hoy sea saber si ha servido para algo ese Estatuto. Es cierto, que la LOAPA, las leyes orgánicas y de bases, los bloqueos partidistas no hay logrado que el Estatuto sea mínimo que garantice la convivencia del mayor número de vascos posible.


Enviado a DEIA el 9 de septiembre de 2007