viernes, 4 de julio de 2008

La ley de consulta (3)



Aún no había terminado la guerra civil en España y el Partido Socialista Obrero Español estaba dividido y enfrentado en sus facciones: prietistas (seguidores de Indalecio Prieto), negrinistas (partidarios de Juan Negrín) caballeristas (sector obrerista cercano a Francisco Largo Caballero) y besteiristas (el grupo que encabezaban Julián Besteiro y Wenceslao Carrillo). La división afectó asimismo al campo republicano con enfrentamientos armados, la salida de los nacionalistas catalanes y vascos del Gobierno republicano, la represión comunista (con apoyo de la URSS. Hay números libros que cuenta esta parte de la historia, por ejemplo, es muy recomendable -al tratarse de dos ex militantes comunistas, Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo- Queridos Camaradas) y el famoso golpe de estado contra el Gobierno de Negrín encabezado por el coronel Casado y respaldado por el sector besteirista de PSOE.

En 1939, la República española, como régimen político, estaba en disolución y no tanto como consecuencia de la derrota militar, sino porque los republicanos (y, entre ellos, los socialistas) se habían empeñado en acabar con ella. Frente a esto, José Antonio de Aguirre trató de salvaguardar la continuidad de su Gobierno a través de de lo que, entonces, se llamó “obediencia vasca”. En la primavera de 1940, todos los partidos integrados en el Gobierno vasco (el PSOE, también), excepto el PCE, habían firmado el documento (hecho muy criticado por Prieto, por ejemplo).

Prieto creó en México la Junta Española de Liberación que intentaba ser un organismo que agrupase al exilio para preparar el retorno a España tras la caída de Franco. Esta preparación suponía, por un lado, la desaparición de la instituciones del Estado republicano y, por ende, la disolución del Gobierno vasco. No logró esto último y, en 1945, con mediación del lehendakari Agirre incluida, se reconstituyó (aunque de forma efímera) el Gobierno republicano en el que se integraron los sectores enfrentados.

Mientras tanto, en 1940, en las cárceles franquistas, nacionalistas y socialistas comenzaron a sentar las bases para una colaboración futura (son las llamadas Bases de Burgos, ya que se sellaron en la cárcel de la ciudad castellana). En 1945, todas las fuerzas políticas y sindicales vascas sellaban el “pacto de Bayona” y, un año más tarde, se reorganizaba el Gobierno vasco que, salvo la salida del PCE, mantuvo la unidad hasta 1979, año en el que el PSOE lo abandonó.

En todo el periodo de postguerra, tanto el PSOE como el PNV mantuvieron una larga relación que concluyó con el pacto de Frente Autonómico (1977).

En 1974, el PSOE celebró un congreso en Suresnes (Francia) en el que iniciaba la renovación del Partido. Allí el joven Felipe González sustituyó (no sin resistencias)al viejo Rodolfo Llopis. En aquel Congreso, se aprobó el siguiente texto:

“La definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado Español, parte indefectiblemente del pleno derecho de autodeterminación de las mismas, que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado Español”.

En el XVII Congreso, celebrado ya en Madrid, se ratificó el ejercicio del derecho de autodeterminación, lo mismo que el Partido Socialista de Euskadi en su primer Congreso: “…el Partido socialista de Euzkadi (PSOE) propugna y defiende el derecho de autodeterminación de Euskadi (con Nafarroa dentro) y de los restantes pueblos que integran el Estado Español”.

miércoles, 2 de julio de 2008

La ley de consulta (2)


El 25 de agosto de 1937, finalizaba la guerra civil en Euskadi. Las instituciones democráticas vascas salían hacia el exilio. Para muchos, comenzaban años de cárcel y represión. No pocos fueron fusilados, en su mayoría, tras una farsa de juicio. La acusación que justificaba estos asesinatos legales era casi siempre la misma: auxilio a la rebelión. Entre 1936 y 1946, unos quince mil ciudadanos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa (incluidos sacerdotes católicos) fueron ejecutados (con y sin juicios) en las retaguardias franquistas (en estas cifras no se contabilizan, claro, las víctimas de los bombardeos de la aviación sobre población civil ni los caídos en el frente). Casi cien mil ciudadanos sufrieron exilio o destierro, o ambas cosas.

La dictadura militar franquista y postfranquista (1936-1977) en Euzkadi estuvo basada en cinco grandes pilares: el Ejército, las llamadas fuerzas del orden público (FOP), incluida la tenebrosa policía política (Brigada Político Social); una base social que, más o menos, representaba al 30 por ciento de la población, con porcentajes más altos en Araba y Nafarroa (superando en ambos casos el 60 por ciento en ese periodo), la Iglesia Católica (como institución) y la corrupción. Todo estaba relacionado. Los civiles estuvieron, primero, encuadrados en el Partido Único (Falange Española Tradicionalista y de las JONS) y, luego, en el Movimiento Nacional. Formaban una red de alcaldes, concejales, jefes locales y consejeros provinciales del Movimiento, jueces, fiscales, notarios, funcionarios de todo tipo, maestros de escuela,…

La represión fue intensa y extensa. Durante cuarenta años, las libertades básicas (reunión, asociación, prensa, expresión, prensa,…) estuvieron proscritas. El régimen se incautó de medios de comunicación, de empresas familiares, de inmuebles, de obras de arte,… y, por supuesto de sedes de partidos y sindicatos y cualquier tipo de asociación considerada como “no afín” o “desafecta”. Pero, no solo eso.

Los “vencedores” abolieron el Concierto Económico para Bizkaia y Gipuzkoa, consideradas “provincias traidoras” (no se castigaba a los “traidores” de esas provincias, sino a todo el territorio). Abolieron la autonomía y prohibieron la exhibición pública de la ikurriña o el término Euzkadi. Pero, los franquistas dedicaron un especial esfuerzo al exterminio de la lengua (el euskera) y cultura vascas.

En su libro La memoria insumisa, Nicolás Sartorius y Javier Alfaya señalan: “Explicar la dictadura no exige necesariamente contar el papel que cada uno jugó en la misma, aunque eso sería un ejercicio francamente pedagógico e ilustrativo. Ahora bien, se pueden y se deben explicitar las responsabilidades. Por ejemplo, qué instituciones importantes de este país tuvieron un papel en la represión, sin necesidad de dar nombres de los represores, de los confidentes, de los colaboradores, etc. Porque la represión de las actividades antifranquistas no fue una labor exclusiva de las fuerzas de orden público. La participación en esta tarea fue amplísima y participaron en ella estamentos enteros de la sociedad y personas que desde la óptica actual nos parecerían inimaginables. Si con los archivos policíacos hubiese ocurrido en España lo sucedido con los de la Stasi en la Alemania democrática o con los de la PIDE en Portugal, se producirían muchas sorpresas”. Es cierto que el franquismo se ocupó de borra huellas destruyendo no pocos archivos, pero el PSOE se sigue negando a desclasificar los que se han salvado y están en instituciones del Estado.

Da la sensación de que amplios sectores del franquismo pensaban que el régimen, efectivamente, duraría eternamente. Eran felices en aquella mezcla hortera de comedia y tragedia (tan tan bien retrató Luis Carandell en libros como Celtiberia Show o Democracia pero orgánica). Y, por ello, muchos de ellos no dudaron en implicarse (por acción o compresión), ya no en las instituciones del régimen, sino, además, en algunos de los actos más sangrientos y repugnantes del tardofranquismo: desde el juicio de Burgos o los estados de excepción y fusilamientos de 1975 a la matanza de obreros en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 y los sucesos de Montejurra en mayo de aquel mismo año. No hay que olvidar que gentes como Marcelino Oreja o Alfredo Marco Tabar (el mismo que hoy encabeza la campaña “a favor de la enseñanza del castellano”) fueron prohombres del franquismo (jerarcas del sindicato vertical, consejeros del movimiento, procuradores a Cortes, alcaldes).

Manuel Fraga, el ministro de Gobernación en los días de la matanza de Vitoria, declarase en a El Universal de Caracas el 12 de diciembre de 1976 que "antes de permitir exhibir esa bandera (la ikurriña), pasarán sobre mi cadáver".

Aún no había acabado aquel año, cuando Manuel Fraga Iribarne, junto a cinco ex ministros de Franco y el presidente de la Hermandad Nacional de Combatientes de la Cruzada, fundaba el Partido Popular (llamado entonces Alianza Popular). Lo hizo en base a una ley de asociaciones que seguía proscribiendo a los partidos políticos democráticos.

Mientras tanto, Adolfo Suárez, el ministro-secretario general del Movimiento, considerado como “aperturista”, había sustituido a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno y se preparaba para organizar una transición hacia un régimen democrático. Sucedió que, por otro lado, Suárez no tenía partido, así que con la cobertura de un grupo de personalidades franquistas (que iban a acercándose a posturas democráticas), algunos pequeños partidos y coaliciones y, sobre todo, con el apoyo de los gobernadores civiles y la estructura del Movimiento (jefes locales, alcaldes, concejales,…) se montó la Unión de Centro Democrático (UCD).

La UCD, que, como luego se ha sabido (ver Gregorio Morán, Historia de una ambición), utilizó fondos públicos para su campaña electoral, ganó las primeras elecciones generales celebradas el 15 de junio de 1977. Como recuerdan Fernando Jauregui y Manuel Soriano (La otra historia de UCD) más de dos terceras partes de los electos de UCD en las dos primeras legislaturas proceden del franquismo en sus diferentes niveles. Solo Fuerza Nueva (liderada por Blas Piñar) se presentó como franquista. Es entonces cuando tanto el PP (AP) como la UCD comienzan su homologación democrática. Esto dio lugar a diferentes reacciones de franquistas irreductibles como el escritor Fernando Vizcaíno Casas publicase libros como De camisa vieja a chaqueta nueva (los “camisas viejas” eran los falangistas de primera hora) o Al tercer año, resucitó (contaba la reacción de los antiguos franquistas al enterarse que Franco había resucitado).

Paulatinamente, elementos de la UCD (en descomposición) van sumándose a AlianzaPopular que, tras el X Congreso de 1990, pasa a denominarse Partido Popular, aunque mantiene la linea histórica con la AP de 1976.

lunes, 30 de junio de 2008

La Ley de Consulta (1)




El Parlamento Vasco ha aprobado la ley de consulta. Es un paso más hacia la libertad en un largo camino iniciado allá en 1893 en el txakoli de Larrazabal que es cuando Sabino de Arana-Goiri dio a conocer su proyecto a un reducido grupo de personas. Un año más tarde, surgió la primera organización nacionalista en JEL (Jaungoikoa eta Lege Zarrak): el Euzkeldun Batzokija. Un año más tarde, se constituía en Bizkai Buru Batzar, organismo rector del Partido Nacionalista Vasco. Poco a poco, la organización se fue extendiendo y si, hasta 1930, el nacionalismo fue, sobre todo, un fenómeno vizcaíno, desde entonces, también lo fue guipuzcoano. En 1936, el PNV tenía presencia en toda Euzkadi y en algunos países de América.


Tras las elecciones de febrero de 1936, se constituyó la Comisión de Estatutos presidida por Indalecio Prieto que insistió en incorporar a la misma al diputado del Partido Nacionalista Vasco, José Antonio de Agirre-Lekube. Cuando comenzaron las vacaciones parlamentarias de aquel año, el texto ya había sido dictaminado. El entendimiento entre jelkides y socialistas moderados propició que el PNV alcanzase, aunque fuese en parte, uno de sus objetivos históricos: un régimen de autonomía.


Si uno lee con detenimiento los programas de EAJ, se dará cuenta, por un lado, que el eje de la reclamación nacionalista, mantenido a lo largo de 75 años, es la vuelta a la situación anterior a 1838 (para Euzkadi Sur) y 1789 (para Iparralde), lo que, más tarde, conocimos como “reintegración foral plena”. Por otro, y tras el Mensaje de las Diputaciones en 1917, la lucha por la autonomía.


En este tránsito, EAJ-PNV optó por las vías institucional. El mismísimo Sabino fue diputado provincial (en la Diputación, por cierto, coincidió con Prieto) y, aún no había terminado el siglo XIX, cuando fueron elegidos los primeros concejales. Hasta la dictadura militar “de Primo de Rivera” (1923-1931), se producen relevantes éxitos electorales y se alcanza por primera vez (con Ramón de la Sota y Aburto).


El 1 de octubre de de 1936, en plena guerra, se aprobaba el primer Estatuto de Autonomía. Seis días más tarde, se constituía el primer Gobierno vasco de la historia con el jeltzale Agirre como lehendakari. Habían pasado solo 43 años desde el “juramento” de Larrazabal y, en ese tiempo, además, se habían creado la Academia de la Lengua Vasca- Euskaltzaindia, la Sociedad de Estudios Vascos- Eusko Ikaskuntza (cuyo objetivo final era la Universidad Vasca), las primeras ikastolas, cooperativas de consumo. Además, surgieron diferentes organizaciones obreras: Euzko Langileen Alkartasuna (obreros), el Nekazarien Bazkuna (agricultores) o el Tostarteko Bazkuna (pescadores), así como Juventud Vasca (Euzko Gaztedija) y el Emakume Abertzale Batza (mujeres). Aquel año, además de diferentes publicaciones en euskera y castellano, editaba tres diarios: “Euzkadi”, “El Dia” y “La Voz de Navarra” .


En este periodo hay que recordar algunas cuestiones: las derechas son contrarias a cualquier atisbo de autonomía (ha quedado para la historia la frase de Calvo Sotelo en el Frontón Urumea: laEspaña "roja antes que rota") , la Acción Nacionalista Vasca de la época acabó en el Frente Popular español, mientras que amplios sectores del PSOE (comenzando por personalidades con Rufino Laiseca Oronoz, presidente de la Diputación) eran contrarios al Estatuto.


El gran éxito del PNV en aquel momento fue tanto el conseguir un objetivo histórico, como que la autonomía quedase para siempre como el suelo mínimo para la convivencia democrática en Euzkadi.