martes, 5 de febrero de 2008

JUSTICIA PROPIA, JUSTICIA AJENA

En el otoño de 1985, el entonces ministro de Justicia comunicaba a dos miembros de diario El Correo Español que el Artículo 35.3 era incumplible. Fernando Ledesma, que así se llamaba el ministro, aseguraba que la Constitución (artículo 149) atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia. En Estatuto no negaba esto último, simplemente, decía que las instituciones vascas participarán en la provisión de vacantes de jueces y magistrados. De esta forma, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no solo quebraba el pacto estatutario de 1979, sino que abría un foso entre los jueces y la parte de los ciudadanos que consideraba que el Texto de Gernika en su integridad era la mínima garantía de convivencia.

Como se ha demostrado en los últimos tiempos, el órgano de gobierno de los jueces es, no solo una institución politizada, sino “partidizada”. Progresistas y conservadores parecen seguir las consignas del partido que les ha propuesto, tanto en algunas decisiones, como en nombramientos o en sus casi cotidianas peleas internas. Ni que decir tiene que hace años que, en la provisión de vacantes, han dejado de considerarse méritos preferentes el conocimiento del derecho propio y de la lengua. Los méritos preferentes son otros bien distintos. Da la impresión que la consigna es clara: “Domuit vascones”. Y, como Fernando Ledesma en 1985, “vayamos desgastando la autonomía que acabarán entrando por el aro”.

Casi veinticinco años desde la aprobación de la LOPJ y, como ha quedado patente, hay una parte de la ciudadanía vasca que considera a la Justicia española, sino como algo ajeno, sí un mal inevitable.

La historia de la transición judicial tiene muchas partes oscuras. Uno recuerda la escandalera que se montó cuando el PSOE nombró fiscal general del estado a Eligio Hernández. Le acusaban de llevar menos de quince años en la Carrera fiscal. Claro que si hubiese llevado más tiempo, tendríamos a un fiscal franquista. Numerosos jueces y fiscales franquistas siguieron en la carrera sin someterse a la más elemental prueba democrática (por ejemplo, unas elecciones). Y no solo jueces de lo civil y lo penal, también de los tribunales especiales, como el Tribunal de Orden Público, el tristemente célebre TOP.

Que una plataforma de extrema derecha, como Manos Blancas (cuyos miembros militaban en organizaciones que, en países como Alemania o Italia, están prohibidas), cuya representatividad es inexistente, se haya convertido en el principal valedor del honor mancillado de un tribunal, dice poco de la capacidad de, por lo menos, de generar confianza entre un porcentaje alto de vascos, que consideramos –viendo el caso Botín- que han primado los argumentos políticos sobre los jurídicos.

A un diario de Bilbao, en su editorial, le preocupaba que un sector de la ciudadanía vasca, representado por quienes se manifestaron el sábado, no considerase como propio, por ejemplo, al Tribunal Supremo. No tengo una respuesta clara. Pero, pensamos que algunos de sus miembros, ideológicamente, dan la impresión de estar mucho más cerca de los acusadores. Lo que sí es cierto es que, a juzgar por lo leído en La Razón, algunos jueces sí parecen militantes del sindicato arriba citado.

En 1985, se perdió una oportunidad en parte por los miedos que siguieron a la intento golpista del 23-F, una de las razones por las que el Estatuto de Gernika no fue vulnerado con leyes como la LOPJ, sino que sigue pendiente el cumplimiento de artículos como el 10 o el 18.



Enviado a Deia el 29 de enero de 2008