Jokin Intza

Ha muerto Jokin Intza. Tenía 84 y había dedicado toda su vida a la Causa Vasca. Por ello, sufrió cárcel y exilio. Había nacido en Bergara y, en los momentos más duros de la dictadura, comenzó sus actividades en la Resistencia Vasca. Participó en la Huelga General de 1947 (en la que perdió a uno de sus amigos del alma, Agustín Unzurrunzaga "Xabale"). Posteriormente, se exilió en Venezuela donde realizó una labor increible, fundamentalmente, en la puesta en marcha de actividades que tuvieron eco tanto en Euzkadi como el el exilio vasco. Fondos para la financiación de "Gudari", el órgano de Euzko Gastedi del Interior (EGI), de libros de todo tipo, de Radio Euskadi, y, por supuesto, de su Partido (EAJ) y de ELA-STV.
Jokin fue, sobre todo, un hombre de acción. Algunas de sus aventuras, nunca todas, aparecen en su libro "Hombre libre sin Patria libre". Pero, sobre todo, fue un patriota a la antigua usanza. De esos por lo que solo se puede sentir, además de mucho cariño, un respeto ilimitado.

¿Qué más sabemos hacer?

En enero de 1982, la revista Muga publicaba un editorial titulado “Además de oponernos, que más sabemos hacer?” (Muga:19). En uno de sus párrafos se decía: “El nacionalismo vasco no puede ser un oponerse a algo, sino hay que buscarle una formulación positiva, centrada en un proyecto de vida en común que sea algo más que el simple sentimiento emocional de la pertenencia al heroísmo resistente. Hay que intentar aportar soluciones, o vías de soluciones, a problemas de cara al futuro”. Y concluía: “…la revitalización de la sociedad vasca pasa por la revisión de ciertos dogmas que nos ha sido queridos hasta ahora. Esta revisión se hará si nosotros mismo somos capaces de ello, pero no podrá venir de quienes nos critican desde fuera”.
Aquel análisis, hecho desde un medio considerado como “del PNV”, dio lugar a un sinfín de reacciones, todas de “fuera”. Los autocalificados ”sabinianos”, que habían abandonado el Partido dos años antes formado el grupo “Euzkotarrak”, publicaron un artículo incendiario en Egin (1982, urtarila, 8), proponiendo, desde una discutible ortodoxia, exactamente lo contrario.
En aquellos días, el País vivía ensangrentado por la violencia, en medio de una tremenda crisis económica, con una autonomía bloqueada (y acorralada por la LOAPA) y en medio de las primeras tensiones entre el Partido y el Gobierno, perfectamente explicables en unos momentos en que todo estaba por hacer. Un año antes, con Eugenio Ibarzabal, le había entrevistado a Xabier Arzalluz en su despacho de la calle Marqués del Puerto de Bilbao, entonces sede del EBB. En ella, el Arzalluz, recién elegido presidente del de Consejo NAcional del PNV, defendía, por un lado, la bicefalia y, por otro, el protagonismo del PNV: “El PNV tiene una función de protagonista en el sentido en que esta la organización que, de cara al pueblo, se hace garante de un programa y de su ejecución, y en ese sentido tiene el protagonismo fundamental de que será el último responsable de que una determinada gestión pública se haga en el sentido que se ha propuesto y por el cual el pueblo ha dado unos votos y un apoyo”. En este punto, resaltaba que “la prudencia política de un Partido y de la dirección de un Partido está en saber ejercer el control dando el máximo apoyo y vigilando también” (Muga: 11, XI, 1980).
Las tensiones entre el Partido (Arzalluz) y el Gobierno (Garaikoetxea) fueron a más, desembocando en la escisión de 1986 que tiene que ver, por un lado, por el intento de suplantación del papel del Partido por parte del Gobierno (para ser más exactos del presidente de ese Gobierno) y, por otro, de los diversos avatares de los primeros años de la Transición. A esto hay que sumar, por otro lado, un cierto papel del PSOE en la escisión, sobre todo a partir de las elecciones municipales de 1983 (en las que, a pesar del efecto Gonzalez, los socialistas no lograron desplazar a los nacionalistas).
La escisión del PNV trajo, como primera consecuencia, que tanto los socialistas como los radicales ocupasen amplios espacios de poder que, hasta entonces, parecían vedados para estos dos sectores. En segundo, lugar un debilitamiento real del conjunto de nacionalismo democrático. Al contrario de lo que se llegó a defender en aquellos días, PNV y EA no lograron ampliar (cada uno por su cuenta) su campo de actuación, más bien al contrario. Cincuenta más cincuenta no eran cien, sino ochenta. Fracasados los intentos de medrar uno a costa del otro, por un lado, comenzaron los intentos de “pescar” en el caladero de la izquierda radical, alejándose de algunos de los planteamientos que, en 1984, habían conseguido que el PNV en solitario alcanzase casi la mayoría absoluta. En segundo lugar, en aquellas zonas en las que el PNV había quedado más afectado por la escisión (por ejemplo, en Gipuzkoa), con el pretexto de que, por lo menos, un municipio o una comarca estaban en manos abertzales (sin importar el compromiso de estas “manos” con la paz o la democracia) fueron abandonados sin presentar batalla, lo que explica en gran parte el mapa electoral guipuzcoano (y de algunas comarcas vizcaínas). Como guinda a todo esto, está la estrategia de EA de apoyarse en Batasuna para desplazar al PNV (los ejemplos abundan) sustituyéndolo por una fuerza auténticamente abertzale, creen.
El terrorismo ha distorsionado la vida vasca, al menos en los últimos treinta años, lo que, unido a cuarenta años de franquismo, nos deja en una situación terrible. En 1956, se publicaba, por primera vez, “La Causa del Pueblo Vasco”, de Francisco Javier de Landaburu. Este pequeño ensayo comenzaba con la siguiente cita: “Yo no puedo comprender que haya hombres que estén continuamente en peligro por culpa de otros hombres. No puedo comprenderlo y me parece horrible. No digas que es por la patria”. La cita es obra de Sofía Scholl, una estudiante cristiana de la universidad de Munich, de 22 años, decapitada por los nazis.
El pensamiento del PNV ante cualquier manifestación de violencia política o de terrorismo ha sido siempre la misma: de absoluto rechazo. He repasado textos y entrevistas, además de los de Landaburu, de Irujo, de Ajuriaguerra, de Robles-Arangiz,… y no he detectado un ápice de compresión hacia la acción de ETA (y de ningún tipo de violencia). He tratado de encontrar, asimismo, algunos tópicos que, repitiéndose una y otra vez, se convierten en verdades absolutas.
Se afirme que el PNV sostiene que el terrorismo es consecuencia de un contencioso histórico no resuelto. Y esto no es cierto. Como mucho (y es mucho aceptar), una tesis aproximada es la que dibujan Santiago de Pablo y Ludger Mees, nada sospechosos de veleidades abertzales, en la última edición de “El Péndulo Patriótico” (2005), cuando afirman que en los 1970, los nacionalistas defendía que, a más autonomía, menos violencia. Algo que, al final, se ha demostrado cierto. La dilación en el cumplimiento de todas las previsiones del Estatuto, el mercadeo y la broncas en torno a estas cuestiones, por el contrario, ha contribuido a un cierto desgaste.
ETA militar sigue activa porque quiere imponer a todas las demás fuerzas, y al conjunto de la sociedad vasca, a “Euskal Herria”, sus tesis y programas. La imposición se ha disfrazado históricamente por la existencia de un presuntamente “déficit democrático”. HB, EH o Batasuna han estado en las instituciones y han tenido la oportunidad, por un lado, de someter sus programas a la ciudadanía (que les ha dado el respaldo que les ha dado). Por otro lado, ha podido discutir sus propuestas en diferentes parlamentos. ¿Qué ocurre?. Pues que, cuando los representantes de la inmensa mayoría no aceptan los postulados de la inmensa minoría, entonces, hay “déficit democrático”.
Hay una cuestión que ha marcado, es cierto, una parte de nuestra historia: cierta relación de parentesco, amistad, vecindad,… con algún militante de ETA. Era algo que formaba parte la cultura cotidiana. A esto hay que añadir que, a la salida de la dictadura, ETA no solo estaba rodeada de un cierto halo heroico sino que se percibía como parte de la comunidad nacionalista. Así, cuando en septiembre de 1978, el PNV salió a manifestarse contra ETA fueron muchos quienes, en su seno, no ocultaron su disgusto por este acto (y estas críticas no vinieron solo de sectores del PNV. Teo Uriarte y Mario Onaindía hicieron públicas las suyas en un encendido artículo que publicó Egin). Sin embargo, la intensificación de las acciones de ETA (y su crueldad cada vez mayor) fueron eliminando cualquier rastro de compresión aunque, todavía en 1998, una minoría pensaba que la suerte del conjunto del nacionalismo pasaba lo que le ocurriese a ETA. Así, en aquel momento, que había que conseguir, como fuese, que esta dejase de matar. Lizarra, que fue uno de esos intentos, fracasó por diferentes razones.
A lo largo de estos últimos treinta años, las percepciones de los nacionalistas hacia ETA militar y su mundo han cambiado de forma radical. La vieja cuadrilla plural ha saltado por los aires, las relaciones familiares se enfrían,… El nivel de crueldad del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que no se diferenciaba mucho de quienes acabaron con la vida de Sofía Scholl, fue algo insoportable.
Hoy en día, es difícil mantener que la persistencia de la violencia es consecuencia de ese contencioso o conflicto. Es cierto que, a estas alturas, habría que definir el “conflicto vasco”. Para todos no es lo mismo. Para EAJ, tiene su origen en la abolición foral (Ponencia Política 2007, p. 2) y en la incapacidad del Estado de cumplir sus propias normas: desde las leyes abolitorias hasta el Estatuto de 1979. ¿Es lo mismo para ETA militar?. Evidentemente, no.
El pacto de Ajurianea fracasó porque intentaron utilizarlo como la plataforma para conseguir lo que algunos llamaron postnacionalismo. De completar el Estatuto, solo en teoría. Recordar que, estos días, la ministra Garmendia se niega a traspasar una competencia exclusiva de la CAPV, según el Estatuto, como reconoce el nada sospechoso diario “Público”. Y porque “Ajurianea”, al final, se había quedado en un foro para redactar notas de condena cada vez que ETA cometía un atentado. Lizarra fue un fracaso para el PNV, entre otras razones, el partido cedió su liderazgo social, mostrándose ante los radicales como una fuerza vulnerable. O, dicho de otra forma, acabó consiguiendo que le perdieran el respeto.
Es cierto que ETA y los suyos no pueden marcar la agenda política de la inmensa mayoría. Pero, al mismo tiempo, resulta muy duro aceptar que se actúe como si ETA no existiese. Porque existe. Y hay un sinfín de iniciativas que no deberían ponerse en marcha con ETA actuando. Contribuyen, entre otras muchas cosas, a esa pérdida de respeto a la que se hacía alusión. Algunas de las votaciones que se han producido en el Parlamento vasco son un buen ejemplo de esto. Se parecen más a una humillación que a otra cosa.
¿Qué le queda, pues, al nacionalismo vasco?. El objetivo final del nacionalismo es que los vascos, de forma pacífica y democrática, pasen de ser objeto a sujeto de todas sus decisiones. Partiendo de esto, tan elemental, hay una cuestión predemocrática: no se puede avanzar en ese camino mientras que haya ciudadanos amenazados de muerte que no pueden moverse, ni expresarse con libertad. Quizá por ello y hasta que se haya producido la disolución de ETA, hay cuestiones (irrenunciables) que deberían esperar a ese momento. De la misma forma, el PNV debe volver a contar con la iniciativa en cuanto a programas y estrategias. Más que nada por un elemental sentido de prudencia política, aquella prudencia a la que se refería Arzalluz cuando le entrevistamos en 1980. Y mientras tanto, como se decía en aquel editorial, seguir buscando entre todos (sin imposiciones ni a los de casa, ni a los de fuera) formulaciones positivas, atender a los problemas inmediatos de los ciudadanos y estar cada día más cerca de los que sufren. El “apoyo y reconocimiento social a todas las víctimas del terrorismo” es parte esencial del cuerpo doctrinal de EAJ-PNV.

Estamos en crisis

Estamos en crisis. Todos. Unos más que otros, pero, al final, en crisis. La Comunidad Autónoma del País Vasco, una vez más, no cuenta con todos los instrumentos que le permite la ley para afrontar con garantías el presente y el futuro. De esta forma, la formación profesional continua y la formación ocupacional, vinculadas a la “gestión del régimen económica de la Seguridad Social” por parte de la CAPV (Artículo 18 2b de la ley orgánica 3/1979), forman parte de la financiación encubierta de sindicatos y patronales.
Ese tipo de formación, que muchas veces se imparte en lonjas y locales deficientemente acondicionados por gentes, en ocasiones, de dudosa cualificación, para empezar, debería formar parte de la oferta de los centros establecidos y homologados de formación profesional. Inmigrantes, parados o profesionales con necesidad de reciclaje.
Euzkadi necesita profesionales altamente cualificados en todos los niveles. Es precisamente en momentos como los actuales cuando la formación es imprescindible, la “sindicalización” de la misma (FOREM de CC.OO. o el IFES de UGT) no pasa de ser una forma de cumplir con el INEM cuando se está percibiendo el desempleo. Lo lógico –y tras el recientísimo informe de la OCDE- es que todos los aspectos de la formación profesional se impartiesen en los centros dedicados a este tipo de enseñanza.
Por otro lado, está demostrado en que aquellos rincones del mundo en los que el I+D+I es parte esencial de su planificación económica soportan mejor los periodos de crisis. Según la ley orgánica antes citada, la investigación científico-técnica es competencia exclusiva de la CAPV en coordinación con el Estado (art.10). El bloqueo de esta competencia (durante ¡treinta años!) nos aleja del objetivo de una inversión de 4 % del PIB en i+d+i esencial para la supervivencia de nuestra economía. Y aún así. Los excelentes índices de innovación de pequeños países como Irlanda o Luxemburgo no les libran de la recesión.
Euzkadi ha sido tierra de banqueros. Solo en 1922 y sin contar otros bancos que había nacido y desaparecido, funcionaban entre nosotros los siguientes vascos: Vitoria, Guipuzcoano, San Sebastián, Tolosa y Urquijo de Guipúzcoa, La Agrícola, Crédito Navarro, La Vasconia, Agrícola Comercial, Bilbao, Comercio, Crédito de la Unión Minera, Urquijo Vascongado, Vasco y Vizcaya.
Considerando el PP de Aznar y Mayor que una de las fórmulas de restar fuerza al nacionalismo era empobreciendo al país, se diseñó la operación Argentaria cuyo objetivo es el de la deslocalización del BBVA (o, mejor dicho, su localización definitiva en Madrid). Todos esos bancos –y otros- el desarrollo económico del país. No hay desarrollo posible sin la posibilidad de acceder a recursos financieros. Desde el punto de vista empresarial, ¿cree alguien que MCC sería hoy los mismo sin Caja Laboral?.
Euzkadi necesita un potente instrumento financiero que sirva para todos y a todos. Por ello, es tan importante contar con una Kutxa unida. Hasta ahora, lo tienen claro empresarios y sindicatos. No tanto los políticos. O, mejor dicho, algunos políticos.
Castigar colectivamente a los vascos forma parte de la tradición histórica española . Castigos colectivos fueron las leyes de abolición foral, la declaración de Bizkaia y Gipuzkoa “provincias traidoras” (con la supresión del Concierto), el bloqueo estatutario,… Y no se castiga a los carlistas o a los traidores de las provincias, sino a todos los vascos (traidores o no). Y así, ahora, como no gustan determinadas iniciativas del Lehendakari, se ha decidido castigar (o amenazar con castigos) no solo a los nacionalistas, sino a todos los vascos: vamos a dejaros sin fuente de neutrones, sin fusión de cajas, sin transferencias,.... Estamos en crisis y, en lugar de separar cuestiones, el PSOE decide castigar a todos: a los nacionalistas y quienes no lo son.
La verdad es que no se cómo va explicar a Patxi López a sus votantes que, para frenar a los nacionalistas, van a poner en peligro el futuro de sus hijos. Por el contrario, la verdad es que, en nacionalismo vasco actúa el clave de país y no de partido cuando se tratar de la economía (primus vivere deinda filosofare). En la edición de abril de la edición española de “Foreing Policy” (publicación nada sospechosa, por cierto), se publicaba un artículo de Gustavo de las Casas titulado “¿Es bueno el nacionalismo?”. Las conclusiones resultaban sorprendentes: los nacionalistas gestionan mejor la economía. En el caso vasco, además, supieron sentar las bases para la recuperación de sectores productivos (o creando otros nuevos: como la industria aereonaútica) después de cincuenta años de proteccionismo y una gestión partidista de la reconversión industrial.
Quizá en esta nueva crisis se siente las bases, no solo para una industria de alta tecnología sino, por ejemplo, para la producción de biocombustibles en un país donde dos terceras partes de los campos de cultivo están en barbecho.

Enviado a DEIA el 10 de septiembre de 2008

La ley de consulta (10)

La ley de consulta (10)

La Constitución española de1931, definía al estado como una “república de trabajadores”. Tras aprobar la de 1978, España se convirtió en un “estado de las autonomías”, al menos, sobre el papel. Al mismo tiempo, en un proceso diacrónico, mientras se cantaban las excelencias ejemplarizantes de la Transición (por el hecho que, al morir Franco, no hubiese comenzado una nueva guerra civil, por el contrario, se hubiese dado algo parecido a una reconciliación “entre españoles”. Por si fuera poco, como bien recuerdan Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, “en puridad, la Transición no se inició con la muerte de Franco, sino con la destitución de Carlos Arias Navarro y el nombramiento de Suárez en julio de 1976. En tanto albacea de Franco, Arias Navarro no transitó hacia la democracia, no inició la democratización del país; planteó más bien un intento serio de continuar con la Dictadura bajo otras formas”. La conquista de la democracia en el Estado español es un proceso que se prolonga entre noviembre de 1975 y junio de 1977(Nicolás Sartorius/Alberto Sabio, El final de la dictadura).
En su intento” reformista” (“democracia limitada y otorgada”), Arias no estaba solo. Le acompañaban Manuel Fraga Iribarne, el ideólogo de la operación, y, desde luego el rey Juan Carlos. El rumbo que estaba tomando la operación seudoreformista (Lucas Verdú) que sostenían Arias-Fraga (con los sangrientos sucesos de Vitoria y Montejurra) (Alvaro Soto, La transición a la democracia)hizo que Juan Carlos cambiase de postura, destituyendo a Arias Navarro, nombrando Adolfo Suárez.
Desde el primer momento, se impuso una unificación del pensamiento sobre el carácter modélico de la transición como una reconciliación también impuesta. Nos encontramos ante lo que José María Maravall definió como política reformista “desde arriba”(José María Maravall, La política de la transición).Así, nadie o muy pocos, se podían atrever a cuestionar un proceso modélico. De esta forma, poco a poco, acabó aceptándose que era prácticamente lo mismo haber colaborado con la dictadura que haberla padecido. Así no es de extrañar que Franco sea para TVE “el anterior jefe del Estado”, o que muchos medios se refieran la dictadura como el “régimen anterior”.
Y, mientras se trataba de uniformizar la memoria, llegaba el turno a los símbolos y al lenguaje: la bandera, el himno, … “nación”, “España”. Carlos Serrano, un profesor argentino de la Sorbona, ha hecho un repaso muy interesante por algunos símbolos y no pocos mitos (bastantes) en lo que podría ser la “invención de la tradición española”, parafraseando a Hobsbawn (Carlos Serrano, El nacimiento de Carmen. Símbolos mitos y nación). El nuevo régimen recupera la bandera y el himno que había impuesto la dictadura tras sustituir los símbolos del régimen republicano. Pero, hay más su imposición ha dado lugar a lo que se ha conocido como “guerra de las banderas”. Pensando en los vascos, además, se dictan leyes específicas que acaban acatándose con desgana y sin ninguna emoción. Este proceso uniformador se describe de forma magistral en el ensayo de José Ignacio Lacasta-Zabalza, España uniforme. Una de sus conclusiones es, como poco, sintomática. A partir de 1981, vivimos un proceso de uniformización joseantoniana (aquella España como “unidad de destino en lo universal”).

El dia en que el PNV se fue a la oposición

Imaginemos. Domingo, marzo de 2009. Día de elecciones. El PNV vence en los comicios. Obtiene más votos y escaños que la segunda fuerza más votada, el PSOE. Sin embargo, la suma de sus escaños a los de EA, Aralar y Ezker Batua ni logran la mayoría absoluta, ni superan en escaños a la suma de los del PSOE y PP, que sí cuenta con la mayoría absoluta. Se presenta así la Gran Oportunidad de mandar al PNV a la oposición. ¿La desaprovechará el PSOE?. ¿Qué nos enseña la historia?.

En 1978, PNV y PSOE estaban juntos en el Gobierno vasco exiliado y, poco antes, habían firmado el acuerdo de “Frente Autonómico” para el Senado. En las elecciones generales de 1977, el PNV había sido la fuerza más votada en lo que, luego, sería la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sin embargo, la suma de los votos del PSOE con los franquistas reformadores de la UCD superaban a los nacionalistas. Los socialistas no lo dudaron un segundo: unieron sus votos a los “centristas” para dar la presidencia del Consejo General Vasco, un organismo provisional que debía organizar la preautonomía, a Ramón Rubial, en detrimento de Juan de Ajuriaguerra, candidato de la fuerza más votada.

En 1986, en plena crisis del PNV a causa de la escisión, se celebraron elecciones autonómicas. El PNV obtuvo más votos, aunque el PSOE consiguió más escaños. Los socialistas se reunieron de inmediato con EA y Euskadiko Ezkerra para tratar formar un gobierno, eso sí, presidido por el PSE. Las negociaciones avanzaron mucho, incluso las tres fuerzas citadas aprobaron alguna ley en el Parlamento vasco (por cierto, dirigida a impedir cualquier “ventaja” del PNV). La cosa se atascó por el asunto de la presidencia que los de EA reclamaban para Carlos Garaikoetxea. Finalmente, el intento de tripartito anti-PNV fracasó y, entonces, los socialistas se dirigieron al PNV. Los socialistas han contando la historia de que, “por la paz, un Ave María”, y que de forma generosísima regalaron la Lehendakaritza a José Antonio Ardanza. Y no fue así. Los nacionalistas estaban dispuestos a repetir las elecciones (así se había aprobado en las asambleas internas), pero, esta opción representaba una debacle para el PSE.

En 1996, el tripartito había entrado en crisis. A pesar de acuerdo parlamentario, el Estatuto seguía bloqueado, y, además, como reconoció Almunia en sus memorias, perdido el poder central, el PSOE había limitado mucho su capacidad de influencia sobre el PNV. A principios de 1997, Fernando Buesa rompió el pacto en Araba, su partido abandonó los gobiernos con el PNV y se preparaba el “postnacionalismo”. Por cierto, ¿Qué era el postnacionalismo?. Se daba por hecho de que EAJ había alcanzado su programa máximo y que, sobre esa base, cualquiera podía gobernar. Se produjo el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, luego, por este orden, surgió el “espíritu de Ermua” por el que unos y otros se empeñaban e identificar nacionalismo y PNV con ETA; después Lizarra y su fracaso, y el frente “constitucionalista” animado por Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros. El 13 de mayo de 2001 ETA y los “constitucionalistas” sufrieron una derrota histórica. Los segundos trataron de paliarla a través de una serie de medidas tomadas desde la “mayoría central”. A pesar de la derrota, asimismo, PSOE y PP, mantuvieron el frente en Araba, Gasteiz, Portugalete, Andoain,…

El fracaso de Lizarra hizo que se abriesen otras vías de negociación entre el PSOE y ETA y su entorno. En el inicio de este proceso, el PNV y el Gobierno vasco no solo fueron marginados, sino públicamente advertidos de que, para aquel entierro, no tenían vela que encender. Como siempre, además de tratar de llegar a algún tipo de acuerdo de paz, se buscaba la sustitución del nacionalismo gobernante. Solo cuando el proceso se atascó fueron llamados los representantes del PNV que tenían un margen de maniobra muy limitado. Ni que decir tiene que, en los cuatro años de la primera legislatura de Zapatero, el proceso de transferencias de las competencias recogidas en la ley orgánica 3/1979 (Estatuto de Gernika) quedo paralizado a pesar de la importancia de las competencias pendientes (régimen económico de la Seguridad Social con todos sus epítomes: formación ocupacional o formación continua, investigación científico-técnica, prisiones,…), algunas esenciales para afrontar este tiempo de crisis económica.

Pero, tras el éxito del 2001, el PNV entraba en una crisis profunda a causa del proceso de sucesión de Xabier Arzalluz, su líder durante un cuarto de siglo. Ante esta situación, como ocurriera en 1986, tanto los radicales como los “constitucionalistas” (a los que el profesor Llera llama “autonomistas”) se preparan para la revancha, aunque sea la revancha del escorpión.

Si el próximo año PSOE y PP obtienen un escaño más que la suma de las demás fuerzas, que nadie dude que harán valer su mayoría y enviar al PNV a la oposición. Los analistas afines (al PSOE, claro) resaltan que un nuevo Gobierno constitucionalista tiene por qué cambiar nada al contarse con un marco autonómico cerrado y estable. Y esto no es cierto. Mejor dicho es falso de toda falsedad. Así que PP y PSOE darán por cumplido el pacto de 1979. Y, al Estatuto, seguirá el Concierto Económico, y todo el sistema de impuestos y la gestión económica (Mario Onaindia o Jaime Mayor entendieron pronto que, a menor bienestar, menos nacionalismo). El euskera, sin duda, volverá a los museos, dejando su carácter de cooficialidad (ya estamos viviendo una campaña tremenda por parte de gentes procedentes de la izquierda como Sabater a otros formados en el franquismo como Marco Tabar). Organismos como AEK o medios como “Berria” generosamente subvencionados afrontarán más de una dificultad. Y esto será solo el prólogo de la verdadera noche de los cuchillos largos.

Ley de consulta (9)

La aprobación del Estatuto de Autonomía en 1979 representaba la gran oportunidad para integrar al nacionalismo que no había aceptado o había rechazado la Constitución un año antes. Los parlamentarios vascos aprobaron un texto que fue registrado en Madrid para su discusión por las Cortes generales. El texto aprobado en Euzkadi, fue “lijado” en Madrid por Fernando Abril Martorrell y Alfonso Guerra. Quedó claro desde el primer momento que la autonomía de las secciones vascas de los partidos españoles era muy limitada. Aún así, se aprobó el texto resultante y, aparentemente, cuarenta días después de la publicación de la ley orgánica 3/1979 en el Boletin Oficial del Estado el Estatuto de Autonomía (“de Gernika”), el 11 de enero de 1980, entraba formalmente en vigor. Sin embargo, treinta años después sigue sin cumplirse. Por otro lado, el desarrollo estatutario y el proceso de transferencias ha estado (y está) sometido a todo tipo de tensiones y mercadeos.

Consecuencia de ese Estatuto fue la elección del primer Gobierno vasco. En ese momento, la candidatura de del PNV, encabezada por Carlos Garaikoetxea, obtuvo más votos y parlamentarios que la UCD, el PSOE, AP y PCE juntos. Parecía claro que las fuerzas centralistas no iban a permitir que los nacionalistas tuviesen tanto poder. ¡Por si acaso!.

En los últimos años, mientras que los analistas se olvidan de asuntos como la LOAPA, se está vendiendo la siguiente especie: “Los no nacionalistas aceptaban una autonomía muy amplia en aras de la convivencia: para contentar a la otra parte que era la que llegaba en posición de agraviada por el franquismo. Entre cero y diez, el Estatuto de Gernika, no está en el punto cinco, sino, digamos, en el ocho, muy cerca del programa máximo nacionalista” (J.L. Barberia/P. Unzueta, Cómo hemos llegado a esto. La crisis vasca).

Semanas después de la intentona golpista, el 3 de abril de 1981, el PSOE y la UCD creaban sendas comisiones para reconducir el proceso autonómico. Serán asesorados por un grupo de expertos encabezado por Eduardo García de Enterría (un catedrático de Derecho Administrativo, no un experto constitucionalista, que tiempo después fue procesado por un delito de evasión de capitales). En su equipo, Tomás Ramón Fernández, Santiago Muñoz, Manuel Sánchez Morón, Luis Coscolluela, Tomás de la Quadra Salcedo y Francisco Sosa Wagner. Se pone en marcha la llamada Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Ante aquel atropello, decenas de miles de personas salieron a la calle en Euzkadi y Cataluña. El 10 de agosto 1983, el Tribunal Constitucional declaraba que la nueva ley no podía tener el carácter de orgánica y, por tanto, no sería de rango superior a los estatutos. La reacción del Gobierno socialista (y especialmente de Tomás de la Quadra) fue, como mínimo, poco deportiva. Se suceden los artículos (de Joaquín Leguina, de José Ramón Recalde en sucesivos artículos publicados, por ejemplo, en la revista Leviatán, publicada por la Fundación Pablo Iglesias) a favor de la ralentización o reinterpretación del proceso autonómico. Y, mientras tanto, comenzaban a aprobarse las primeras leyes orgánicas y de bases que cercenaban el pacto de Gernika y, por ende, la ley orgánica 3/1979. Así, a finales de 1985, Fernando Ledesma, ministro de Justicia del PSOE anunciaba que el Artículo 35 del Estatuto “es incumplible”. Son los días en que se ultima la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ni que decir tiene que los socialistas no pactaron la ley, simplemente la impusieron. Luciano Rincón decía que el PSOE “no es tampoco una alternativa al Estado centralista, sino tradicionalmente su apoyo” (“Luis Ramírez” (L. Rincón), Del posfranquismo a la predemocracia).

El PSOE se empeñó en frenar el modelo autonómico del PNV, no tanto porque resultase más o menos peligroso (Recalde), si no para evitar que este partido (EAJ) fortaleciese su imagen rectora de todo el proceso. Tras el fracaso de la LOAPA (que fue, no olvidemos, un proyecto socialista), el PSOE se empecinó (a decir de Recalde) “en no elaborar una política alternativa desde la mayoría central, que proponer a su propio electorado español y vasco, y que pacta con la estrategia del Gobierno autónomo” (J.Ramón Recalde, El Sistema nacional y la lucha contra la violencia).

El proceso de transferencias se convirtió en un largo camino plagado de trampas y contrapartidas. Casi la mitad de las competencias recibidas se hicieron a cargo de trueques:“Yo te envío parques y jardines y tú me apoyas en tal votación en las Cortes”. Todo ello sin olvidarnos del tema de la interpretación. La interpretación mala, claro, siempre era la del PNV. Y la pugna no solo afectaba a la competencia. Hubo debates sobre la marca de las motos de la Ertzaintza o el tipo de armamento que podía utilizar. Lo cierto es que el PSOE utilizó (con éxito) el desarrollo autonómico para dividir y enfrentar en sus facciones al PNV hasta lograr su escisión.

La escisión del PNV propició que el PSOE alcanzase partes importantes del poder autonómico, foral y local que, hasta entonces, se les resistía, aunque no solo eso. El mundo de HB se hizo, asimismo, con importantes parcelas de poder, mientras que una parte importante del nacionalismo institucional radicalizaba su discurso.

JAUREGUI NO QUIERE CUMPLIR EL ESTATUTO

Regularmente, Ramón Jauregui habla o escribe del Estatuto de Gernika y casi siempre para explicarnos la última razón de peso por la que el PSOE ha sido incapaz de cumplir un pacto sellado en 1979 y después de diecinueve años de Gobiernos socialistas (en dos etapas). A la vieja milonga, la CAV “ no ha disfrutado jamás de tanta autonomía como ahora”, suma nuevas disculpas para explicar las razones (las suyas) por las que, o no se transfieren competencias recogidas diáfanamente en el texto de la ley orgánica 3/1979 (por ejemplo, “corresponde –a la CAPV- la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”) o las que han sido anuladas por la Ley Orgánica del Poder Judicial (la participación –no exclusiva, ni decisiva- de las instituciones vascas en la provisión de plazas de jueces y magistrados).

Leyendo su último artículo (El Correo, 25 de julio), he pensado: ¡No puedo creer que Ramón que es un buen tipo e inteligente, piense que los demás somos bobos!. Justificar el bloqueo en el “pacto de Lizarra” o las últimas propuestas del Lehendakari pueden tener su “aquello”. Sobre todo, teniendo en cuenta que, entre 1988 y 1998, se vivieron los días del “pacto de Ajurianea”, con un apartado específico al desarrollo estatutario y un acuerdo del Parlamento.

Pero, esta vez el bueno de Ramón nos dice que no nos van a trasferir el I+D+I (competencia exclusiva –en coordinación con el estado- artículo 10 del Estatuto) dado que esta materia “trasciende la dimensión nacional de los Estados”: “La eficiencia de esas políticas y la intercomunicación del conocimiento aconsejan una planificación supranacional”. ¿A qué políticas se refiere?. La investigación más avanzada en todo el mundo está en manos privadas. Yo no si el veterano político guarda sus artículos, entrevistas, ect., porque, en otra ocasión, según él, la no transferencia de la investigación científico-técnica era el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Su última explicación de la razón por qué no transfieren el régimen económico de la Seguridad Social (artículo 18.2 b) es de aurora boreal: “La Seguridad Social ha reducido el concepto de ‘régimen económico’ con la informatización centralizada”. ¡Ahí la tienes bailalá! Algo ha cambiado, Jauregui dijo también en El Correo: “Un partido socialista no aceptará jamás la ruptura del sistema de caja única de la Seguridad social. ¡Jamás!. Yo admito que el PNV quiera aplicar la filosofía del concierto a la Seguridad Social, pero tienen que saber que yo no lo voy a admitir nunca” (El Correo, 14 de enero de 1991).

Por lo que se refiere a la competencia en prisiones, parece que se insinúa que, si la competencia en prisiones, los presos de ETA estarían en la calle, o así. Esto resulta muy ofensivo, especialmente porque podríamos poner una fila de gentes condenadas por asuntos de (otro) terrorismo en libertad desde hace años.

Ramón Jauregui propone una reforma estatutaria (algo que considera “muy conveniente”), eso sí, sin cumplir la ley vigente en su totalidad: Andalucía o Cataluña, a las que cita, iniciaron su reforma una vez que se había cumplido el 100 por 100 del texto original. Y, mientras tanto, el recordar un incumplimiento que dura ¡treinta años!, eso es un “quejido victimista”. Yo creo que nuestro hombre debería releer el Estatuto, desde el preámbulo a las disposiciones adicionales y transitorias, pactado por los partidos en Euzkadi, “lijado” por Guerra y Abril Martorell, aprobado por las Cortes y sometido a referéndum y sancionado por el rey, y que subraye lo que no se ha cumplido (por decisión política, fundamentalmente, del PSOE).

Enviado a Deia el 25 de julio de 2008