La ley de consulta (4)

A finales de la década de los 1950, había nacido ETA, decían que como una respuesta a la “inactividad” del PNV. En la III Asamblea de ETA celebrada en 1964 se aprobó el siguiente texto.: “PNV. Se aprueba unánimemente que la labor del PNV es contraria a los intereses de la liberación nacional. Se aprueba, por tanto, ir a su destrucción. Tácticas diversas”.

Es cierto que, a lo largo de los años, se suceden los intentos –de forma directa o indirecta- de formar un Frente Nacional, auspiciado, fundamentalmente, por Jagi-jagi, al que se suma ETA como adherente o como protagonista en determinados momentos. Juan de Ajuriaguerra nunca se fió de de este tipo de “frentes” y, durante los días en que se gestaron, se produjeron no pocas polémicas en las que participaron, entre otros, Manuel de Irujo o Manu Robles Arangiz.

En 1977, Telesforo de Monzón (que acababa de ser expulsado del PNV: para ser exactos “dado de baja”) y ETA militar realizaron el último intento. Convocaron a todas las fuerzas políticas y sindicales vascas y al Partido Carlista a una reunión en el camping de Chiberta, cerca de Baiona. Básicamente, proponían el boicot a las elecciones generales que acababan de ser convocadas y, por otro lado, la reorganización del Gobierno vasco que pasaría a ser presidido por el propio Monzón. El intentó resultó un enorme fracaso. Nadie lo tomó en serio. Solo EHAS/HASI abandonó la coalición Euskadiko Ezkerra (en la que participaban junto a EIA, el MCE e independientes). Todos se presentaron a las elecciones. Es cierto que algunos partido, como ANV o ESB cosecharon sonoros fracasos, por su parte, Euskadiko Ezkerra obtuvo un diputado a Cortes y un senador.

Si, en 1977, las organizaciones de izquierda que se reclamaban abertzales hubiesen concurrido unidas (milis y polimilis y sus partidos afines estaba unidos en la Koordinadora Abertzale Sozialista) la historia posterior hubiese sido bien distinta.

La ley de consulta (3)

Aún no había terminado la guerra civil en España y el Partido Socialista Obrero Español estaba dividido y enfrentado en sus facciones: prietistas (seguidores de Indalecio Prieto), negrinistas (partidarios de Juan Negrín) caballeristas (sector obrerista cercano a Francisco Largo Caballero) y besteiristas (el grupo que encabezaban Julián Besteiro y Wenceslao Carrillo). La división afectó asimismo al campo republicano con enfrentamientos armados, la salida de los nacionalistas catalanes y vascos del Gobierno republicano, la represión comunista (con apoyo de la URSS. Hay números libros que cuenta esta parte de la historia, por ejemplo, es muy recomendable -al tratarse de dos ex militantes comunistas, Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo- Queridos Camaradas) y el famoso golpe de estado contra el Gobierno de Negrín encabezado por el coronel Casado y respaldado por el sector besteirista de PSOE.

En 1939, la República española, como régimen político, estaba en disolución y no tanto como consecuencia de la derrota militar, sino porque los republicanos (y, entre ellos, los socialistas) se habían empeñado en acabar con ella. Frente a esto, José Antonio de Aguirre trató de salvaguardar la continuidad de su Gobierno a través de de lo que, entonces, se llamó “obediencia vasca”. En la primavera de 1940, todos los partidos integrados en el Gobierno vasco (el PSOE, también), excepto el PCE, habían firmado el documento (hecho muy criticado por Prieto, por ejemplo).

Prieto creó en México la Junta Española de Liberación que intentaba ser un organismo que agrupase al exilio para preparar el retorno a España tras la caída de Franco. Esta preparación suponía, por un lado, la desaparición de la instituciones del Estado republicano y, por ende, la disolución del Gobierno vasco. No logró esto último y, en 1945, con mediación del lehendakari Agirre incluida, se reconstituyó (aunque de forma efímera) el Gobierno republicano en el que se integraron los sectores enfrentados.

Mientras tanto, en 1940, en las cárceles franquistas, nacionalistas y socialistas comenzaron a sentar las bases para una colaboración futura (son las llamadas Bases de Burgos, ya que se sellaron en la cárcel de la ciudad castellana). En 1945, todas las fuerzas políticas y sindicales vascas sellaban el “pacto de Bayona” y, un año más tarde, se reorganizaba el Gobierno vasco que, salvo la salida del PCE, mantuvo la unidad hasta 1979, año en el que el PSOE lo abandonó.

En todo el periodo de postguerra, tanto el PSOE como el PNV mantuvieron una larga relación que concluyó con el pacto de Frente Autonómico (1977).

En 1974, el PSOE celebró un congreso en Suresnes (Francia) en el que iniciaba la renovación del Partido. Allí el joven Felipe González sustituyó (no sin resistencias)al viejo Rodolfo Llopis. En aquel Congreso, se aprobó el siguiente texto:

“La definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado Español, parte indefectiblemente del pleno derecho de autodeterminación de las mismas, que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado Español”.

En el XVII Congreso, celebrado ya en Madrid, se ratificó el ejercicio del derecho de autodeterminación, lo mismo que el Partido Socialista de Euskadi en su primer Congreso: “…el Partido socialista de Euzkadi (PSOE) propugna y defiende el derecho de autodeterminación de Euskadi (con Nafarroa dentro) y de los restantes pueblos que integran el Estado Español”.

La ley de consulta (2)

El 25 de agosto de 1937, finalizaba la guerra civil en Euskadi. Las instituciones democráticas vascas salían hacia el exilio. Para muchos, comenzaban años de cárcel y represión. No pocos fueron fusilados, en su mayoría, tras una farsa de juicio. La acusación que justificaba estos asesinatos legales era casi siempre la misma: auxilio a la rebelión. Entre 1936 y 1946, unos quince mil ciudadanos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa (incluidos sacerdotes católicos) fueron ejecutados (con y sin juicios) en las retaguardias franquistas (en estas cifras no se contabilizan, claro, las víctimas de los bombardeos de la aviación sobre población civil ni los caídos en el frente). Casi cien mil ciudadanos sufrieron exilio o destierro, o ambas cosas.

La dictadura militar franquista y postfranquista (1936-1977) en Euzkadi estuvo basada en cinco grandes pilares: el Ejército, las llamadas fuerzas del orden público (FOP), incluida la tenebrosa policía política (Brigada Político Social); una base social que, más o menos, representaba al 30 por ciento de la población, con porcentajes más altos en Araba y Nafarroa (superando en ambos casos el 60 por ciento en ese periodo), la Iglesia Católica (como institución) y la corrupción. Todo estaba relacionado. Los civiles estuvieron, primero, encuadrados en el Partido Único (Falange Española Tradicionalista y de las JONS) y, luego, en el Movimiento Nacional. Formaban una red de alcaldes, concejales, jefes locales y consejeros provinciales del Movimiento, jueces, fiscales, notarios, funcionarios de todo tipo, maestros de escuela,…

La represión fue intensa y extensa. Durante cuarenta años, las libertades básicas (reunión, asociación, prensa, expresión, prensa,…) estuvieron proscritas. El régimen se incautó de medios de comunicación, de empresas familiares, de inmuebles, de obras de arte,… y, por supuesto de sedes de partidos y sindicatos y cualquier tipo de asociación considerada como “no afín” o “desafecta”. Pero, no solo eso.

Los “vencedores” abolieron el Concierto Económico para Bizkaia y Gipuzkoa, consideradas “provincias traidoras” (no se castigaba a los “traidores” de esas provincias, sino a todo el territorio). Abolieron la autonomía y prohibieron la exhibición pública de la ikurriña o el término Euzkadi. Pero, los franquistas dedicaron un especial esfuerzo al exterminio de la lengua (el euskera) y cultura vascas.

En su libro La memoria insumisa, Nicolás Sartorius y Javier Alfaya señalan: “Explicar la dictadura no exige necesariamente contar el papel que cada uno jugó en la misma, aunque eso sería un ejercicio francamente pedagógico e ilustrativo. Ahora bien, se pueden y se deben explicitar las responsabilidades. Por ejemplo, qué instituciones importantes de este país tuvieron un papel en la represión, sin necesidad de dar nombres de los represores, de los confidentes, de los colaboradores, etc. Porque la represión de las actividades antifranquistas no fue una labor exclusiva de las fuerzas de orden público. La participación en esta tarea fue amplísima y participaron en ella estamentos enteros de la sociedad y personas que desde la óptica actual nos parecerían inimaginables. Si con los archivos policíacos hubiese ocurrido en España lo sucedido con los de la Stasi en la Alemania democrática o con los de la PIDE en Portugal, se producirían muchas sorpresas”. Es cierto que el franquismo se ocupó de borra huellas destruyendo no pocos archivos, pero el PSOE se sigue negando a desclasificar los que se han salvado y están en instituciones del Estado.

Da la sensación de que amplios sectores del franquismo pensaban que el régimen, efectivamente, duraría eternamente. Eran felices en aquella mezcla hortera de comedia y tragedia (tan tan bien retrató Luis Carandell en libros como Celtiberia Show o Democracia pero orgánica). Y, por ello, muchos de ellos no dudaron en implicarse (por acción o compresión), ya no en las instituciones del régimen, sino, además, en algunos de los actos más sangrientos y repugnantes del tardofranquismo: desde el juicio de Burgos o los estados de excepción y fusilamientos de 1975 a la matanza de obreros en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 y los sucesos de Montejurra en mayo de aquel mismo año. No hay que olvidar que gentes como Marcelino Oreja o Alfredo Marco Tabar (el mismo que hoy encabeza la campaña “a favor de la enseñanza del castellano”) fueron prohombres del franquismo (jerarcas del sindicato vertical, consejeros del movimiento, procuradores a Cortes, alcaldes).

Manuel Fraga, el ministro de Gobernación en los días de la matanza de Vitoria, declarase en a El Universal de Caracas el 12 de diciembre de 1976 que "antes de permitir exhibir esa bandera (la ikurriña), pasarán sobre mi cadáver".

Aún no había acabado aquel año, cuando Manuel Fraga Iribarne, junto a cinco ex ministros de Franco y el presidente de la Hermandad Nacional de Combatientes de la Cruzada, fundaba el Partido Popular (llamado entonces Alianza Popular). Lo hizo en base a una ley de asociaciones que seguía proscribiendo a los partidos políticos democráticos.

Mientras tanto, Adolfo Suárez, el ministro-secretario general del Movimiento, considerado como “aperturista”, había sustituido a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno y se preparaba para organizar una transición hacia un régimen democrático. Sucedió que, por otro lado, Suárez no tenía partido, así que con la cobertura de un grupo de personalidades franquistas (que iban a acercándose a posturas democráticas), algunos pequeños partidos y coaliciones y, sobre todo, con el apoyo de los gobernadores civiles y la estructura del Movimiento (jefes locales, alcaldes, concejales,…) se montó la Unión de Centro Democrático (UCD).

La UCD, que, como luego se ha sabido (ver Gregorio Morán, Historia de una ambición), utilizó fondos públicos para su campaña electoral, ganó las primeras elecciones generales celebradas el 15 de junio de 1977. Como recuerdan Fernando Jauregui y Manuel Soriano (La otra historia de UCD) más de dos terceras partes de los electos de UCD en las dos primeras legislaturas proceden del franquismo en sus diferentes niveles. Solo Fuerza Nueva (liderada por Blas Piñar) se presentó como franquista. Es entonces cuando tanto el PP (AP) como la UCD comienzan su homologación democrática. Esto dio lugar a diferentes reacciones de franquistas irreductibles como el escritor Fernando Vizcaíno Casas publicase libros como De camisa vieja a chaqueta nueva (los “camisas viejas” eran los falangistas de primera hora) o Al tercer año, resucitó (contaba la reacción de los antiguos franquistas al enterarse que Franco había resucitado).

Paulatinamente, elementos de la UCD (en descomposición) van sumándose a AlianzaPopular que, tras el X Congreso de 1990, pasa a denominarse Partido Popular, aunque mantiene la linea histórica con la AP de 1976.

La Ley de Consulta (1)

El Parlamento Vasco ha aprobado la ley de consulta. Es un paso más hacia la libertad en un largo camino iniciado allá en 1893 en el txakoli de Larrazabal que es cuando Sabino de Arana-Goiri dio a conocer su proyecto a un reducido grupo de personas. Un año más tarde, surgió la primera organización nacionalista en JEL (Jaungoikoa eta Lege Zarrak): el Euzkeldun Batzokija. Un año más tarde, se constituía en Bizkai Buru Batzar, organismo rector del Partido Nacionalista Vasco. Poco a poco, la organización se fue extendiendo y si, hasta 1930, el nacionalismo fue, sobre todo, un fenómeno vizcaíno, desde entonces, también lo fue guipuzcoano. En 1936, el PNV tenía presencia en toda Euzkadi y en algunos países de América.

Tras las elecciones de febrero de 1936, se constituyó la Comisión de Estatutos presidida por Indalecio Prieto que insistió en incorporar a la misma al diputado del Partido Nacionalista Vasco, José Antonio de Agirre-Lekube. Cuando comenzaron las vacaciones parlamentarias de aquel año, el texto ya había sido dictaminado. El entendimiento entre jelkides y socialistas moderados propició que el PNV alcanzase, aunque fuese en parte, uno de sus objetivos históricos: un régimen de autonomía.

Si uno lee con detenimiento los programas de EAJ, se dará cuenta, por un lado, que el eje de la reclamación nacionalista, mantenido a lo largo de 75 años, es la vuelta a la situación anterior a 1838 (para Euzkadi Sur) y 1789 (para Iparralde), lo que, más tarde, conocimos como “reintegración foral plena”. Por otro, y tras el Mensaje de las Diputaciones en 1917, la lucha por la autonomía.

En este tránsito, EAJ-PNV optó por las vías institucional. El mismísimo Sabino fue diputado provincial (en la Diputación, por cierto, coincidió con Prieto) y, aún no había terminado el siglo XIX, cuando fueron elegidos los primeros concejales. Hasta la dictadura militar “de Primo de Rivera” (1923-1931), se producen relevantes éxitos electorales y se alcanza por primera vez (con Ramón de la Sota y Aburto).

El 1 de octubre de de 1936, en plena guerra, se aprobaba el primer Estatuto de Autonomía. Seis días más tarde, se constituía el primer Gobierno vasco de la historia con el jeltzale Agirre como lehendakari. Habían pasado solo 43 años desde el “juramento” de Larrazabal y, en ese tiempo, además, se habían creado la Academia de la Lengua Vasca- Euskaltzaindia, la Sociedad de Estudios Vascos- Eusko Ikaskuntza (cuyo objetivo final era la Universidad Vasca), las primeras ikastolas, cooperativas de consumo. Además, surgieron diferentes organizaciones obreras: Euzko Langileen Alkartasuna (obreros), el Nekazarien Bazkuna (agricultores) o el Tostarteko Bazkuna (pescadores), así como Juventud Vasca (Euzko Gaztedija) y el Emakume Abertzale Batza (mujeres). Aquel año, además de diferentes publicaciones en euskera y castellano, editaba tres diarios: “Euzkadi”, “El Dia” y “La Voz de Navarra” .

En este periodo hay que recordar algunas cuestiones: las derechas son contrarias a cualquier atisbo de autonomía (ha quedado para la historia la frase de Calvo Sotelo en el Frontón Urumea: laEspaña "roja antes que rota") , la Acción Nacionalista Vasca de la época acabó en el Frente Popular español, mientras que amplios sectores del PSOE (comenzando por personalidades con Rufino Laiseca Oronoz, presidente de la Diputación) eran contrarios al Estatuto.

El gran éxito del PNV en aquel momento fue tanto el conseguir un objetivo histórico, como que la autonomía quedase para siempre como el suelo mínimo para la convivencia democrática en Euzkadi.

Elecciones en marzo

El 13 de mayo de 2001, el frente formado por el PP (de Jaime Mayor Oreja) y el PSE-PSOE (de Nicolás Redondo Terreros), que había cedido cualquier liderazgo a los conservadores, sufría una severa derrota electoral a manos de la coalición PNV-EA. La misma suerte, es decir, la derrota siguió la izquierda radical. Poco antes, el 8 de diciembre de 2000, estos dos partidos al aprobar el “Pacto por la libertades y contra el terrorismo”, en palabras de José Antonio Zarzalejos “expulsaban al nacionalismo vasco del ámbito democrático” (Contra la secesión vasca, 2005). Es cierto que, como recordaba el ex diputado general de Álava, Ramón Rabanera, la única posibilidad que tiene la derecha de superar al nacionalismo democrático, es a través del frente PP-PSOE (El Correo, 3 de febrero de 2008).

El éxito del nacionalismo vasco democrático, a pesar de que unos hayan tratado de ocultarlo tras cifras y estadísticas (Barbería y Unzueta, Cómo hemos llegado a esto), y otros de un éxito personal, estaba basado en que, por fin, había plantado cara al constitucionalismo (frente PP-PSOE) y, por otro lado, se había desmarcado de ETA y del mundo radical, superando para siempre el periodo de Lizarra. Y, a la hora de la verdad, los ciudadanos expulsaron del poder democrático a unos y a otros. El proceso de desgaste de la izquierda radical se hubiese acentuado si no se hubiese aprobado la Ley de Partidos (junio de 2002).

En este periodo, asimismo, arrancan varios procesos interesantes. Tras conseguir el PP la mayoría absoluta, las derechas se extreman. En este punto, la Jerarquía católica y algunos clérigos (como el jesuita Fernando García de Cortázar) tuvieron mucho que ver. Este último, en dos colaboraciones para la fundación FAES, defendía el “cierre” del Estado Autonómico, es decir, dar por concluido el proceso de transferencias y negar satisfacciones simbólicas a aquellas comunidades de identidad diferencia o más marcada. Esto significaba, entre otras cosas, el incumplimiento del Pacto estatutario en Euskadi. Por otro lado, el padre García de Cortázar interpretaba que, durante la transición, se “había producido un brutal proceso de desnacionalización española”. Ante esto, que es parte esencial del programa del PP, el historiador Xavier Tusell precisaba: “Una interpretación más ajustada pasaría por afirmar que el sentimiento nacional español siempre fue débil, al menos en términos comparativos, y que el franquismo contribuyó poderosamente a cimentar esta realidad” (Xavier Tusell, El Aznarato, 2004).

Entre 1996 y 2001, Jaime Mayor Oreja ejerció de ministro del Interior de los Gobierno del PP. Desde esta responsabilidad alentó y financió generosamente algunas plataformas. Disfrazadas bajo el antifaz de “pacifistas” se convirtieron pronto en una punta de lanza del frente PP-PSOE y, a medida que pasaba el tiempo y, sobre todo, a partir del 14 de marzo de 2004 en un instrumento de desgaste del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, junto a las plataformas y algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, surgieron como setas lo que el profesor Alberto Reig Tapia, catedrático de Ciencia Política llama “historietógrafos” (Alberto Reig Tapia, Anti Moa, 2006). Entre los “historietógrafos” más conocidos Pio Moa, un antiguo terrorista de los GRAPO militante en la extrema-derecha, y César Vidal, un pastor protestante a quien la Jerarquía Católica ha colocado como comentarista-locutor en la COPE. En este último caso, no estamos ante un problema de ecumenismo, sino de militancia contra el Gobierno, el Partido Socialista, los nacionalistas y cualquiera que, en el PP, ose disentir de Aznar, de Jiménez Losantos (un ateo que ha convertido la emisora católica en un instrumento para ajustar las cuentas a sus enemigos personales)(Fernando Jauregui, La decepción, 2008).

La investidura de José María Aznar fue votada favorablemente por tan solo el 18 por ciento de los representantes de la CAPV. El resto lo hizo en contra. Ningún presidente desde 1977 había tenido un respaldo tan pequeño. La derecha comenzó entonces un proceso de estrechamiento del campo democrático, aprobando una serie de leyes ad hoc cuya finalidad última era la de eliminar a sus adversarios políticos. Para entonces, el Consejo General del Poder Judicial estaba controlado por magistrados ultraconservadores.

El recordado Manolo Vázquez Montalbán escribió: “A medida que cumplía su primer mandato (1996-2000), Aznar se sentía afirmado en su cargo y además Telefónica, dirigida por su compañero de estudios Villalonga, crecía y los medios de comunicación paragubernamentales hablaban de Aznar como si fuera el mismísimo Franco pero en laico, es decir, un salvador de España, capaz de llevarla a las más altas cimas del desarrollo y además democráticamente correcto”. Era la “aznaridad”.

El periodista catalán decía que había que reprochar a los del PNV el “haber llamado franquistas a los PP porque nadie debe ser condenado como franquista mientras no se demuestre que lo es y si se demuestra que lo es, pues a disimular, porque no olvidemos que el franquismo ganó la guerra civil, ganó la postguerra civil y todo indica que ha ganado la segunda transición y los franquistas, día a día, van siendo más conscientes de que el l siglo XXI aún puede irles mejor” (Manuel Vazquez Montalbán, La Aznaridad,2003).

¡Que Dios nos coja confesados!

En su despedida como obispo de Pamplona y Tudela, Fernando Sebastián reconocía que, catorce años después, la Iglesia Católica había retrocedido en Navarra. Un grupo de fieles y sacerdotes críticos con su gestión hizo público un documento titulado 'Otra Iglesia Diocesana es posible'. Quienes se hayan movido por algunas zonas de Navarra se dará cuenta que, en tan solo una década, las iglesias se han vaciado. Monseñor Sebastián ha ido sustituyendo, por ejemplo, a los párrocos de comarcas vascófonas, cuyos fieles pueden tener ideas políticas diferentes a las del obispo dimisionario (uno de los ideólogos de la línea editorial de la actual COPE), por jóvenes, muchos de ellos guipuzcoanos (de Elgeta, Zumarraga, Soraluze,..) y euskaldunes, formados en un seminario ultraconservador de Toledo. ¿Resultado?. Si antes la Misa Mayor registraba auténticos “llenazos”, la misma iglesia hoy apenas si es ocupada por un puñado de gentes de edad y los niños que van a hacer la Primera Comunión (que, por cierto, cuando comulgan por primera vez, ya no vuelven a aparecer).

La Iglesia (Católica y Romana) se está quedando para algunos momentos de la vida del hombre (y de la mujer). El Bautismo, la Comunión, el Matrimonio (cada vez menos: con repercusión negativa en los otros dos sacramentos) y la Extremaunción al final de la vida.

Los jóvenes no quieren una iglesia que prohíba, que amenace, que restrinja, que de la espaldas al mundo y sus problemas. Quienes nos consideramos católicos, lo hacemos en una acto de libertad, aunque no estemos convencidos de muchas cosas. Yo, en este sentido, me siento muy cerca de Spencer Tracy, un irlandés católico que prefirió pecar a romper con la religión de sus padres que consideraba la única verdadera. La Iglesia represora del Medievo y de Trento espanta a los fieles. Por otro lado, sigue sin darse cuenta que la evolución de la humanidad desde 1962 hasta hoy es comparable al del milenio anterior. El Concilio Vaticano puesto en marcha por el buen Papa Juan acercó la Iglesia al pueblo haciéndola inteligible, y Papa Benedicto y, sobre todo, los obispos hispanos, la están convirtiendo en odiosa.

Y es que los jóvenes de internet y la globalización no entienden lo que les dicen en la iglesia, y no van. Los católicos –que no somos ni del PP y estamos en la antípoda del Opus Dei y movimientos similares- cada vez entendemos menos. A pesar de los llamamientos de don Ricardo Blázquez, la “comunión con la Iglesia” no puede servir tropelía tras tropelía. La Cope (nos) insulta cada día a un sinfín de católicos. Muchos de mi generación (que pasamos en su día por la Universidad de Navarra) seguimos siendo católicos por sacerdotes como los que intenta combatir Monseñor Rouco a través de Iceta. Yo entiendo el Evangelio que practicaba mi tío, Domingo San Sebastián, algunos agustinos que me llevaban a ayudarles a Misa a las cárceles, donde estaban “hijos de dios”, a José Antonio Montoto (que ya no llegara a obispo) al que acompañaba a visitar a moribundos. Por no hablar de mi familia cercana. Lo que conocí del catolicismo del Opus Dei (si hubiese sido el único) era razón suficiente para cambiar de iglesia (eso en mi caso, que soy de los que cree que no se puede vivir sin Dios).

La herencia de Monseñor Rouco va a marcar un hito en la historia de la Iglesia Católica. O, mejor dicho, en el vaciamiento de la Iglesia Católica española y vasca, al mismo tiempo que va lograr (ya lo está logrando) que se identifique "católico" con PP, a pesar de que sus tres máximos portavoces –Losantos, Ramírez y Vidal- no está, precisamente, en "comunión con la Iglesia". Los obispos se están convirtiendo en militantes anti-gobierno.

La culpa de lo que ocurre no es del Gobierno, como pretenden algunos (muchos) obispos. Ellos, como pastores, son los principales responsables. La comunión con la Iglesia no justifica todo.

Vamos a tener un obispo guerniqués y euskaldun, ¿y?. Euskaldunes eran Laucirica (de Iurreta) o Gúrpide (Otxagabia). ¡Qué Dios nos coja confesados!.

Enviado a DEIA el22 de febrero de 2008

JUSTICIA PROPIA, JUSTICIA AJENA

En el otoño de 1985, el entonces ministro de Justicia comunicaba a dos miembros de diario El Correo Español que el Artículo 35.3 era incumplible. Fernando Ledesma, que así se llamaba el ministro, aseguraba que la Constitución (artículo 149) atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia. En Estatuto no negaba esto último, simplemente, decía que las instituciones vascas participarán en la provisión de vacantes de jueces y magistrados. De esta forma, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no solo quebraba el pacto estatutario de 1979, sino que abría un foso entre los jueces y la parte de los ciudadanos que consideraba que el Texto de Gernika en su integridad era la mínima garantía de convivencia.

Como se ha demostrado en los últimos tiempos, el órgano de gobierno de los jueces es, no solo una institución politizada, sino “partidizada”. Progresistas y conservadores parecen seguir las consignas del partido que les ha propuesto, tanto en algunas decisiones, como en nombramientos o en sus casi cotidianas peleas internas. Ni que decir tiene que hace años que, en la provisión de vacantes, han dejado de considerarse méritos preferentes el conocimiento del derecho propio y de la lengua. Los méritos preferentes son otros bien distintos. Da la impresión que la consigna es clara: “Domuit vascones”. Y, como Fernando Ledesma en 1985, “vayamos desgastando la autonomía que acabarán entrando por el aro”.

Casi veinticinco años desde la aprobación de la LOPJ y, como ha quedado patente, hay una parte de la ciudadanía vasca que considera a la Justicia española, sino como algo ajeno, sí un mal inevitable.

La historia de la transición judicial tiene muchas partes oscuras. Uno recuerda la escandalera que se montó cuando el PSOE nombró fiscal general del estado a Eligio Hernández. Le acusaban de llevar menos de quince años en la Carrera fiscal. Claro que si hubiese llevado más tiempo, tendríamos a un fiscal franquista. Numerosos jueces y fiscales franquistas siguieron en la carrera sin someterse a la más elemental prueba democrática (por ejemplo, unas elecciones). Y no solo jueces de lo civil y lo penal, también de los tribunales especiales, como el Tribunal de Orden Público, el tristemente célebre TOP.

Que una plataforma de extrema derecha, como Manos Blancas (cuyos miembros militaban en organizaciones que, en países como Alemania o Italia, están prohibidas), cuya representatividad es inexistente, se haya convertido en el principal valedor del honor mancillado de un tribunal, dice poco de la capacidad de, por lo menos, de generar confianza entre un porcentaje alto de vascos, que consideramos –viendo el caso Botín- que han primado los argumentos políticos sobre los jurídicos.

A un diario de Bilbao, en su editorial, le preocupaba que un sector de la ciudadanía vasca, representado por quienes se manifestaron el sábado, no considerase como propio, por ejemplo, al Tribunal Supremo. No tengo una respuesta clara. Pero, pensamos que algunos de sus miembros, ideológicamente, dan la impresión de estar mucho más cerca de los acusadores. Lo que sí es cierto es que, a juzgar por lo leído en La Razón, algunos jueces sí parecen militantes del sindicato arriba citado.

En 1985, se perdió una oportunidad en parte por los miedos que siguieron a la intento golpista del 23-F, una de las razones por las que el Estatuto de Gernika no fue vulnerado con leyes como la LOPJ, sino que sigue pendiente el cumplimiento de artículos como el 10 o el 18.

Enviado a Deia el 29 de enero de 2008