Estamos en crisis

Estamos en crisis. Todos. Unos más que otros, pero, al final, en crisis. La Comunidad Autónoma del País Vasco, una vez más, no cuenta con todos los instrumentos que le permite la ley para afrontar con garantías el presente y el futuro. De esta forma, la formación profesional continua y la formación ocupacional, vinculadas a la “gestión del régimen económica de la Seguridad Social” por parte de la CAPV (Artículo 18 2b de la ley orgánica 3/1979), forman parte de la financiación encubierta de sindicatos y patronales.
Ese tipo de formación, que muchas veces se imparte en lonjas y locales deficientemente acondicionados por gentes, en ocasiones, de dudosa cualificación, para empezar, debería formar parte de la oferta de los centros establecidos y homologados de formación profesional. Inmigrantes, parados o profesionales con necesidad de reciclaje.
Euzkadi necesita profesionales altamente cualificados en todos los niveles. Es precisamente en momentos como los actuales cuando la formación es imprescindible, la “sindicalización” de la misma (FOREM de CC.OO. o el IFES de UGT) no pasa de ser una forma de cumplir con el INEM cuando se está percibiendo el desempleo. Lo lógico –y tras el recientísimo informe de la OCDE- es que todos los aspectos de la formación profesional se impartiesen en los centros dedicados a este tipo de enseñanza.
Por otro lado, está demostrado en que aquellos rincones del mundo en los que el I+D+I es parte esencial de su planificación económica soportan mejor los periodos de crisis. Según la ley orgánica antes citada, la investigación científico-técnica es competencia exclusiva de la CAPV en coordinación con el Estado (art.10). El bloqueo de esta competencia (durante ¡treinta años!) nos aleja del objetivo de una inversión de 4 % del PIB en i+d+i esencial para la supervivencia de nuestra economía. Y aún así. Los excelentes índices de innovación de pequeños países como Irlanda o Luxemburgo no les libran de la recesión.
Euzkadi ha sido tierra de banqueros. Solo en 1922 y sin contar otros bancos que había nacido y desaparecido, funcionaban entre nosotros los siguientes vascos: Vitoria, Guipuzcoano, San Sebastián, Tolosa y Urquijo de Guipúzcoa, La Agrícola, Crédito Navarro, La Vasconia, Agrícola Comercial, Bilbao, Comercio, Crédito de la Unión Minera, Urquijo Vascongado, Vasco y Vizcaya.
Considerando el PP de Aznar y Mayor que una de las fórmulas de restar fuerza al nacionalismo era empobreciendo al país, se diseñó la operación Argentaria cuyo objetivo es el de la deslocalización del BBVA (o, mejor dicho, su localización definitiva en Madrid). Todos esos bancos –y otros- el desarrollo económico del país. No hay desarrollo posible sin la posibilidad de acceder a recursos financieros. Desde el punto de vista empresarial, ¿cree alguien que MCC sería hoy los mismo sin Caja Laboral?.
Euzkadi necesita un potente instrumento financiero que sirva para todos y a todos. Por ello, es tan importante contar con una Kutxa unida. Hasta ahora, lo tienen claro empresarios y sindicatos. No tanto los políticos. O, mejor dicho, algunos políticos.
Castigar colectivamente a los vascos forma parte de la tradición histórica española . Castigos colectivos fueron las leyes de abolición foral, la declaración de Bizkaia y Gipuzkoa “provincias traidoras” (con la supresión del Concierto), el bloqueo estatutario,… Y no se castiga a los carlistas o a los traidores de las provincias, sino a todos los vascos (traidores o no). Y así, ahora, como no gustan determinadas iniciativas del Lehendakari, se ha decidido castigar (o amenazar con castigos) no solo a los nacionalistas, sino a todos los vascos: vamos a dejaros sin fuente de neutrones, sin fusión de cajas, sin transferencias,.... Estamos en crisis y, en lugar de separar cuestiones, el PSOE decide castigar a todos: a los nacionalistas y quienes no lo son.
La verdad es que no se cómo va explicar a Patxi López a sus votantes que, para frenar a los nacionalistas, van a poner en peligro el futuro de sus hijos. Por el contrario, la verdad es que, en nacionalismo vasco actúa el clave de país y no de partido cuando se tratar de la economía (primus vivere deinda filosofare). En la edición de abril de la edición española de “Foreing Policy” (publicación nada sospechosa, por cierto), se publicaba un artículo de Gustavo de las Casas titulado “¿Es bueno el nacionalismo?”. Las conclusiones resultaban sorprendentes: los nacionalistas gestionan mejor la economía. En el caso vasco, además, supieron sentar las bases para la recuperación de sectores productivos (o creando otros nuevos: como la industria aereonaútica) después de cincuenta años de proteccionismo y una gestión partidista de la reconversión industrial.
Quizá en esta nueva crisis se siente las bases, no solo para una industria de alta tecnología sino, por ejemplo, para la producción de biocombustibles en un país donde dos terceras partes de los campos de cultivo están en barbecho.

Enviado a DEIA el 10 de septiembre de 2008

La ley de consulta (10)

La ley de consulta (10)

La Constitución española de1931, definía al estado como una “república de trabajadores”. Tras aprobar la de 1978, España se convirtió en un “estado de las autonomías”, al menos, sobre el papel. Al mismo tiempo, en un proceso diacrónico, mientras se cantaban las excelencias ejemplarizantes de la Transición (por el hecho que, al morir Franco, no hubiese comenzado una nueva guerra civil, por el contrario, se hubiese dado algo parecido a una reconciliación “entre españoles”. Por si fuera poco, como bien recuerdan Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, “en puridad, la Transición no se inició con la muerte de Franco, sino con la destitución de Carlos Arias Navarro y el nombramiento de Suárez en julio de 1976. En tanto albacea de Franco, Arias Navarro no transitó hacia la democracia, no inició la democratización del país; planteó más bien un intento serio de continuar con la Dictadura bajo otras formas”. La conquista de la democracia en el Estado español es un proceso que se prolonga entre noviembre de 1975 y junio de 1977(Nicolás Sartorius/Alberto Sabio, El final de la dictadura).
En su intento” reformista” (“democracia limitada y otorgada”), Arias no estaba solo. Le acompañaban Manuel Fraga Iribarne, el ideólogo de la operación, y, desde luego el rey Juan Carlos. El rumbo que estaba tomando la operación seudoreformista (Lucas Verdú) que sostenían Arias-Fraga (con los sangrientos sucesos de Vitoria y Montejurra) (Alvaro Soto, La transición a la democracia)hizo que Juan Carlos cambiase de postura, destituyendo a Arias Navarro, nombrando Adolfo Suárez.
Desde el primer momento, se impuso una unificación del pensamiento sobre el carácter modélico de la transición como una reconciliación también impuesta. Nos encontramos ante lo que José María Maravall definió como política reformista “desde arriba”(José María Maravall, La política de la transición).Así, nadie o muy pocos, se podían atrever a cuestionar un proceso modélico. De esta forma, poco a poco, acabó aceptándose que era prácticamente lo mismo haber colaborado con la dictadura que haberla padecido. Así no es de extrañar que Franco sea para TVE “el anterior jefe del Estado”, o que muchos medios se refieran la dictadura como el “régimen anterior”.
Y, mientras se trataba de uniformizar la memoria, llegaba el turno a los símbolos y al lenguaje: la bandera, el himno, … “nación”, “España”. Carlos Serrano, un profesor argentino de la Sorbona, ha hecho un repaso muy interesante por algunos símbolos y no pocos mitos (bastantes) en lo que podría ser la “invención de la tradición española”, parafraseando a Hobsbawn (Carlos Serrano, El nacimiento de Carmen. Símbolos mitos y nación). El nuevo régimen recupera la bandera y el himno que había impuesto la dictadura tras sustituir los símbolos del régimen republicano. Pero, hay más su imposición ha dado lugar a lo que se ha conocido como “guerra de las banderas”. Pensando en los vascos, además, se dictan leyes específicas que acaban acatándose con desgana y sin ninguna emoción. Este proceso uniformador se describe de forma magistral en el ensayo de José Ignacio Lacasta-Zabalza, España uniforme. Una de sus conclusiones es, como poco, sintomática. A partir de 1981, vivimos un proceso de uniformización joseantoniana (aquella España como “unidad de destino en lo universal”).

El dia en que el PNV se fue a la oposición

Imaginemos. Domingo, marzo de 2009. Día de elecciones. El PNV vence en los comicios. Obtiene más votos y escaños que la segunda fuerza más votada, el PSOE. Sin embargo, la suma de sus escaños a los de EA, Aralar y Ezker Batua ni logran la mayoría absoluta, ni superan en escaños a la suma de los del PSOE y PP, que sí cuenta con la mayoría absoluta. Se presenta así la Gran Oportunidad de mandar al PNV a la oposición. ¿La desaprovechará el PSOE?. ¿Qué nos enseña la historia?.

En 1978, PNV y PSOE estaban juntos en el Gobierno vasco exiliado y, poco antes, habían firmado el acuerdo de “Frente Autonómico” para el Senado. En las elecciones generales de 1977, el PNV había sido la fuerza más votada en lo que, luego, sería la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sin embargo, la suma de los votos del PSOE con los franquistas reformadores de la UCD superaban a los nacionalistas. Los socialistas no lo dudaron un segundo: unieron sus votos a los “centristas” para dar la presidencia del Consejo General Vasco, un organismo provisional que debía organizar la preautonomía, a Ramón Rubial, en detrimento de Juan de Ajuriaguerra, candidato de la fuerza más votada.

En 1986, en plena crisis del PNV a causa de la escisión, se celebraron elecciones autonómicas. El PNV obtuvo más votos, aunque el PSOE consiguió más escaños. Los socialistas se reunieron de inmediato con EA y Euskadiko Ezkerra para tratar formar un gobierno, eso sí, presidido por el PSE. Las negociaciones avanzaron mucho, incluso las tres fuerzas citadas aprobaron alguna ley en el Parlamento vasco (por cierto, dirigida a impedir cualquier “ventaja” del PNV). La cosa se atascó por el asunto de la presidencia que los de EA reclamaban para Carlos Garaikoetxea. Finalmente, el intento de tripartito anti-PNV fracasó y, entonces, los socialistas se dirigieron al PNV. Los socialistas han contando la historia de que, “por la paz, un Ave María”, y que de forma generosísima regalaron la Lehendakaritza a José Antonio Ardanza. Y no fue así. Los nacionalistas estaban dispuestos a repetir las elecciones (así se había aprobado en las asambleas internas), pero, esta opción representaba una debacle para el PSE.

En 1996, el tripartito había entrado en crisis. A pesar de acuerdo parlamentario, el Estatuto seguía bloqueado, y, además, como reconoció Almunia en sus memorias, perdido el poder central, el PSOE había limitado mucho su capacidad de influencia sobre el PNV. A principios de 1997, Fernando Buesa rompió el pacto en Araba, su partido abandonó los gobiernos con el PNV y se preparaba el “postnacionalismo”. Por cierto, ¿Qué era el postnacionalismo?. Se daba por hecho de que EAJ había alcanzado su programa máximo y que, sobre esa base, cualquiera podía gobernar. Se produjo el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, luego, por este orden, surgió el “espíritu de Ermua” por el que unos y otros se empeñaban e identificar nacionalismo y PNV con ETA; después Lizarra y su fracaso, y el frente “constitucionalista” animado por Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros. El 13 de mayo de 2001 ETA y los “constitucionalistas” sufrieron una derrota histórica. Los segundos trataron de paliarla a través de una serie de medidas tomadas desde la “mayoría central”. A pesar de la derrota, asimismo, PSOE y PP, mantuvieron el frente en Araba, Gasteiz, Portugalete, Andoain,…

El fracaso de Lizarra hizo que se abriesen otras vías de negociación entre el PSOE y ETA y su entorno. En el inicio de este proceso, el PNV y el Gobierno vasco no solo fueron marginados, sino públicamente advertidos de que, para aquel entierro, no tenían vela que encender. Como siempre, además de tratar de llegar a algún tipo de acuerdo de paz, se buscaba la sustitución del nacionalismo gobernante. Solo cuando el proceso se atascó fueron llamados los representantes del PNV que tenían un margen de maniobra muy limitado. Ni que decir tiene que, en los cuatro años de la primera legislatura de Zapatero, el proceso de transferencias de las competencias recogidas en la ley orgánica 3/1979 (Estatuto de Gernika) quedo paralizado a pesar de la importancia de las competencias pendientes (régimen económico de la Seguridad Social con todos sus epítomes: formación ocupacional o formación continua, investigación científico-técnica, prisiones,…), algunas esenciales para afrontar este tiempo de crisis económica.

Pero, tras el éxito del 2001, el PNV entraba en una crisis profunda a causa del proceso de sucesión de Xabier Arzalluz, su líder durante un cuarto de siglo. Ante esta situación, como ocurriera en 1986, tanto los radicales como los “constitucionalistas” (a los que el profesor Llera llama “autonomistas”) se preparan para la revancha, aunque sea la revancha del escorpión.

Si el próximo año PSOE y PP obtienen un escaño más que la suma de las demás fuerzas, que nadie dude que harán valer su mayoría y enviar al PNV a la oposición. Los analistas afines (al PSOE, claro) resaltan que un nuevo Gobierno constitucionalista tiene por qué cambiar nada al contarse con un marco autonómico cerrado y estable. Y esto no es cierto. Mejor dicho es falso de toda falsedad. Así que PP y PSOE darán por cumplido el pacto de 1979. Y, al Estatuto, seguirá el Concierto Económico, y todo el sistema de impuestos y la gestión económica (Mario Onaindia o Jaime Mayor entendieron pronto que, a menor bienestar, menos nacionalismo). El euskera, sin duda, volverá a los museos, dejando su carácter de cooficialidad (ya estamos viviendo una campaña tremenda por parte de gentes procedentes de la izquierda como Sabater a otros formados en el franquismo como Marco Tabar). Organismos como AEK o medios como “Berria” generosamente subvencionados afrontarán más de una dificultad. Y esto será solo el prólogo de la verdadera noche de los cuchillos largos.

Ley de consulta (9)

La aprobación del Estatuto de Autonomía en 1979 representaba la gran oportunidad para integrar al nacionalismo que no había aceptado o había rechazado la Constitución un año antes. Los parlamentarios vascos aprobaron un texto que fue registrado en Madrid para su discusión por las Cortes generales. El texto aprobado en Euzkadi, fue “lijado” en Madrid por Fernando Abril Martorrell y Alfonso Guerra. Quedó claro desde el primer momento que la autonomía de las secciones vascas de los partidos españoles era muy limitada. Aún así, se aprobó el texto resultante y, aparentemente, cuarenta días después de la publicación de la ley orgánica 3/1979 en el Boletin Oficial del Estado el Estatuto de Autonomía (“de Gernika”), el 11 de enero de 1980, entraba formalmente en vigor. Sin embargo, treinta años después sigue sin cumplirse. Por otro lado, el desarrollo estatutario y el proceso de transferencias ha estado (y está) sometido a todo tipo de tensiones y mercadeos.

Consecuencia de ese Estatuto fue la elección del primer Gobierno vasco. En ese momento, la candidatura de del PNV, encabezada por Carlos Garaikoetxea, obtuvo más votos y parlamentarios que la UCD, el PSOE, AP y PCE juntos. Parecía claro que las fuerzas centralistas no iban a permitir que los nacionalistas tuviesen tanto poder. ¡Por si acaso!.

En los últimos años, mientras que los analistas se olvidan de asuntos como la LOAPA, se está vendiendo la siguiente especie: “Los no nacionalistas aceptaban una autonomía muy amplia en aras de la convivencia: para contentar a la otra parte que era la que llegaba en posición de agraviada por el franquismo. Entre cero y diez, el Estatuto de Gernika, no está en el punto cinco, sino, digamos, en el ocho, muy cerca del programa máximo nacionalista” (J.L. Barberia/P. Unzueta, Cómo hemos llegado a esto. La crisis vasca).

Semanas después de la intentona golpista, el 3 de abril de 1981, el PSOE y la UCD creaban sendas comisiones para reconducir el proceso autonómico. Serán asesorados por un grupo de expertos encabezado por Eduardo García de Enterría (un catedrático de Derecho Administrativo, no un experto constitucionalista, que tiempo después fue procesado por un delito de evasión de capitales). En su equipo, Tomás Ramón Fernández, Santiago Muñoz, Manuel Sánchez Morón, Luis Coscolluela, Tomás de la Quadra Salcedo y Francisco Sosa Wagner. Se pone en marcha la llamada Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Ante aquel atropello, decenas de miles de personas salieron a la calle en Euzkadi y Cataluña. El 10 de agosto 1983, el Tribunal Constitucional declaraba que la nueva ley no podía tener el carácter de orgánica y, por tanto, no sería de rango superior a los estatutos. La reacción del Gobierno socialista (y especialmente de Tomás de la Quadra) fue, como mínimo, poco deportiva. Se suceden los artículos (de Joaquín Leguina, de José Ramón Recalde en sucesivos artículos publicados, por ejemplo, en la revista Leviatán, publicada por la Fundación Pablo Iglesias) a favor de la ralentización o reinterpretación del proceso autonómico. Y, mientras tanto, comenzaban a aprobarse las primeras leyes orgánicas y de bases que cercenaban el pacto de Gernika y, por ende, la ley orgánica 3/1979. Así, a finales de 1985, Fernando Ledesma, ministro de Justicia del PSOE anunciaba que el Artículo 35 del Estatuto “es incumplible”. Son los días en que se ultima la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ni que decir tiene que los socialistas no pactaron la ley, simplemente la impusieron. Luciano Rincón decía que el PSOE “no es tampoco una alternativa al Estado centralista, sino tradicionalmente su apoyo” (“Luis Ramírez” (L. Rincón), Del posfranquismo a la predemocracia).

El PSOE se empeñó en frenar el modelo autonómico del PNV, no tanto porque resultase más o menos peligroso (Recalde), si no para evitar que este partido (EAJ) fortaleciese su imagen rectora de todo el proceso. Tras el fracaso de la LOAPA (que fue, no olvidemos, un proyecto socialista), el PSOE se empecinó (a decir de Recalde) “en no elaborar una política alternativa desde la mayoría central, que proponer a su propio electorado español y vasco, y que pacta con la estrategia del Gobierno autónomo” (J.Ramón Recalde, El Sistema nacional y la lucha contra la violencia).

El proceso de transferencias se convirtió en un largo camino plagado de trampas y contrapartidas. Casi la mitad de las competencias recibidas se hicieron a cargo de trueques:“Yo te envío parques y jardines y tú me apoyas en tal votación en las Cortes”. Todo ello sin olvidarnos del tema de la interpretación. La interpretación mala, claro, siempre era la del PNV. Y la pugna no solo afectaba a la competencia. Hubo debates sobre la marca de las motos de la Ertzaintza o el tipo de armamento que podía utilizar. Lo cierto es que el PSOE utilizó (con éxito) el desarrollo autonómico para dividir y enfrentar en sus facciones al PNV hasta lograr su escisión.

La escisión del PNV propició que el PSOE alcanzase partes importantes del poder autonómico, foral y local que, hasta entonces, se les resistía, aunque no solo eso. El mundo de HB se hizo, asimismo, con importantes parcelas de poder, mientras que una parte importante del nacionalismo institucional radicalizaba su discurso.

JAUREGUI NO QUIERE CUMPLIR EL ESTATUTO

Regularmente, Ramón Jauregui habla o escribe del Estatuto de Gernika y casi siempre para explicarnos la última razón de peso por la que el PSOE ha sido incapaz de cumplir un pacto sellado en 1979 y después de diecinueve años de Gobiernos socialistas (en dos etapas). A la vieja milonga, la CAV “ no ha disfrutado jamás de tanta autonomía como ahora”, suma nuevas disculpas para explicar las razones (las suyas) por las que, o no se transfieren competencias recogidas diáfanamente en el texto de la ley orgánica 3/1979 (por ejemplo, “corresponde –a la CAPV- la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”) o las que han sido anuladas por la Ley Orgánica del Poder Judicial (la participación –no exclusiva, ni decisiva- de las instituciones vascas en la provisión de plazas de jueces y magistrados).

Leyendo su último artículo (El Correo, 25 de julio), he pensado: ¡No puedo creer que Ramón que es un buen tipo e inteligente, piense que los demás somos bobos!. Justificar el bloqueo en el “pacto de Lizarra” o las últimas propuestas del Lehendakari pueden tener su “aquello”. Sobre todo, teniendo en cuenta que, entre 1988 y 1998, se vivieron los días del “pacto de Ajurianea”, con un apartado específico al desarrollo estatutario y un acuerdo del Parlamento.

Pero, esta vez el bueno de Ramón nos dice que no nos van a trasferir el I+D+I (competencia exclusiva –en coordinación con el estado- artículo 10 del Estatuto) dado que esta materia “trasciende la dimensión nacional de los Estados”: “La eficiencia de esas políticas y la intercomunicación del conocimiento aconsejan una planificación supranacional”. ¿A qué políticas se refiere?. La investigación más avanzada en todo el mundo está en manos privadas. Yo no si el veterano político guarda sus artículos, entrevistas, ect., porque, en otra ocasión, según él, la no transferencia de la investigación científico-técnica era el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Su última explicación de la razón por qué no transfieren el régimen económico de la Seguridad Social (artículo 18.2 b) es de aurora boreal: “La Seguridad Social ha reducido el concepto de ‘régimen económico’ con la informatización centralizada”. ¡Ahí la tienes bailalá! Algo ha cambiado, Jauregui dijo también en El Correo: “Un partido socialista no aceptará jamás la ruptura del sistema de caja única de la Seguridad social. ¡Jamás!. Yo admito que el PNV quiera aplicar la filosofía del concierto a la Seguridad Social, pero tienen que saber que yo no lo voy a admitir nunca” (El Correo, 14 de enero de 1991).

Por lo que se refiere a la competencia en prisiones, parece que se insinúa que, si la competencia en prisiones, los presos de ETA estarían en la calle, o así. Esto resulta muy ofensivo, especialmente porque podríamos poner una fila de gentes condenadas por asuntos de (otro) terrorismo en libertad desde hace años.

Ramón Jauregui propone una reforma estatutaria (algo que considera “muy conveniente”), eso sí, sin cumplir la ley vigente en su totalidad: Andalucía o Cataluña, a las que cita, iniciaron su reforma una vez que se había cumplido el 100 por 100 del texto original. Y, mientras tanto, el recordar un incumplimiento que dura ¡treinta años!, eso es un “quejido victimista”. Yo creo que nuestro hombre debería releer el Estatuto, desde el preámbulo a las disposiciones adicionales y transitorias, pactado por los partidos en Euzkadi, “lijado” por Guerra y Abril Martorell, aprobado por las Cortes y sometido a referéndum y sancionado por el rey, y que subraye lo que no se ha cumplido (por decisión política, fundamentalmente, del PSOE).

Enviado a Deia el 25 de julio de 2008

La ley de consulta (8)

Mientras los franquistas reformistas (UCD) y el PSOE cerraban el pacto constitucional a la vez que marginaban al nacionalismo vasco de cualquier signo (resulta interesante a estas alturas releer los trabajos de Ortzi de aquellos días, Denuncia en el Parlamento o El no vasco a la reforma), en Euzkadi se había formado (el 19 de junio de 1977) la Asamblea de Parlamentarios Vascos. En la constitución de esta Asamblea, presidida por Manuel de Irujo, estuvieron presentas todos los diputados y senadores vascos elegidos en 15 de junio, excepto los de la UCD de Navarra. La misión de esta Asamblea era la redacción de un Estatuto de Autonomía.

Después del varapalo electoral, diferentes organizaciones de izquierda (UJM, PT, EKA, LKI, ESB, LAIA (bai), EIA, ADM, CSU, HASI, OIC, EMK, ANV, EGAM, IAM), en aquel verano de 1977, convocaron la llamada Marcha de la Libertad con los siguientes fines: Amnistía Total, Reconocimiento de nuestra identidad nacional, Estatuto de autonomía (“como un primer paso hacia el eje5cicio del derecho de autodeterminación”) y disolución de cuerpos represivos. De entre los partidos antifranquistas, ni el PSOE ni el PNV participaron en la Marcha. Este último partido no consideraba oportuno el momento en que se convocó. Todo lo publicado y dicho sobre la Marcha en recogió en un volumen editado a principios del año siguiente (Askatasunaren ibilaldia).

Como ocurriera en Chiberta meses atrás, el éxito aparente en principio (por la participación) acabó de nuevo en rotundo fracaso. Porque, al final, Monzón y los milis seguían insistiendo en el “frente abertzale”. El PNV se mantuvo al margen (porque, no solo avanzaba la negociación autonómica, sino que estaba a punto de aprobarse la definitiva ley de amnistía) del nuevo intento y poco después, se “descolgaban” otras organizaciones, fundamentalmente EIA (el partido surgido de la VII Asamblea de ETA (pm) que, con el EMK e independientes, formaban la coalición Euskadiko Ezkerra). Los milis, que se sentían marginados, exigieron a EIA que abandonase EE, al negarse lo expulsaron de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) (sobre KAS en aquellos días ver Natxo Arregi, Memorias del KAS).

El día 8 de octubre de 1977 las Cortes aprobaban la amnistía (con la extraña oposición de Ortzi). El día 10, los “milis” acribillaban a balazos de Augusto Unzueta (presidente de la Diputación de Bizkaia). El día 15, salieron todos los presos vascos y se permitió regresar a los exiliados.

Los acontecimientos de aquellos días demostraron que los “milis” no estaban preparados para la política ni sicológicamente para volver al interior y reanudar una actividad política no violente. Para colmo, la vuelta a la actividad propiamente política tandría que darse en condiciones harto difíciles, en la medida en que su abstención a las elecciones del 15 de junio no les daba oportunidad de participación ni en el Parlamento español ni en la elaboración del Estatuto de Autonomía (la abstención promovida por los milis, por ejemplo, supuso que, por poco, no se obtuviese el acta de diputado por Bizkaia para Periko Salabarria).

Siguió una oleada de atentados de tal calibre que produjeron más víctimas en un año que en los diez años de acciones durante el franquismo. Tras cada uno de ellos, los “milis” ofrecían su valoración política de que nada había cambiado, proseguía la dictadura militar y la única salida era que se negociara con el Gobierno la alternativa KAS.

ley de consulta 7

Una semana después de celebrarse las primeras elecciones generales, el pleno del Congreso de los Diputados aprobaba la creación de una Comisión Constitucional de la que fue marginada el Partido Nacionalista Vasco. La “razón histórica” fue que el PSOE no quería que el PSP de Tierno estuviese en dicha comisión. El error histórico es que el nacionalismo vasco (no solo el PNV) fue marginado del consenso constitucional y esto al final trajo lo que Juan José Linz llama “escasa legitimación” del sistema constitucional en Euzkadi (ver Juan J. Linz, Conflicto en Euskadi).

La postura del Partido Nacionalista Vasco ante la Constitución quedó perfectamente reflejada en un libro (El Partido Nacionalista Vasco ante la Constitución. Historia y alcance de una negociación) editado por primera vez en 1978 y reeditado en 1991. Los matices internos de aquel proceso pueden seguirse hoy a través de las memorias de Carlos Garaikoetxea (Euskadi: la transición inacabada) y Xabier Arzalluz (Así fue).

Claro que otros descubrieron pronto lo que había ocurrido en realidad. Incluso publicaron guías (para que el personal no se precediese). Así Mario Onaindia Natxiondo (el mismo que había “teorizado” sobre el “no” a la Constitución o que había criticado la manifestación contra ETA de 1978, la “de las palomas”) publico una “Guía para orientarse en el laberinto vasco” los de Basta ya, la “Guía útil del drama vasco” (un bodrio infumable lleno de tópicos y falsedades).

El PNV pedía la reintegración foral plena (derogando las leyes abolitorias de 1837, 1839 y 1876). En la enmienda 689, el PNV reclamaba “el reconocimiento de la soberanía originaria del País Vasco, solidaridad y respeto hacia el resto de los pueblos del Estado español y un anhelo de convivencia democrática basada en la negociación, o por utilizar la forma histórica, en el Pacto Foral”. En su propuesta, el PNV se mostraba dispuesto a “ceder parte de esa soberanía, toda la que fuera indispensable para estructurarse conjuntamente con otros pueblos a los que consideramos, asimismo, soberanos, formando un ente superior en bien de todos, en respeto a todos y en solidaridad con todos”. A pesar de que algunos como José Antonio Zarzalejos consideran que la Disposición Adicional Primera de la Constitución (“reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales”, constituía “una satisfacción moral al nacionalismo vasco mucha más generosa de lo que la prudencia hubiese aconsejado” (José Antonio Zarzalejos, Contra la secesión vasca) se estaba muy lejos.

Lo cierto es que, al final, son un 30,86 % por ciento de los inscritos en el censo de lo que hoy es la Comunidad Autónoma Vasca dio su voto afirmativo. Un 10,51 % votó en contra (entre ellos organizaciones autoreclamadas de “izquierda abertzale” como Euskadiko Ezkerra o Herri Batasuna (la postura de esta última, por ejemplo, quedó reflejada en el libro La Constitución española. 1978). La abstención superó más de la mitad del censo, 55.35 %. Aún así, algunos siguen refiriéndose a esta ley como “la norma que nos hemos dado todos”.

Según Barbería y Unzueta (Cómo hemos llegado a esto): “La herida abierta por el rechazo nacionalista a la Constitución se cerró con la aprobación del estatuto de Gernika, que llevaba al autogobierno hasta límite inmediatamente anterior a la independencia. Pero, una vez alcanzado ese límite, el PNV…”. Pero, en fin, esta es otra historia.