La ley de consulta (2)

El 25 de agosto de 1937, finalizaba la guerra civil en Euskadi. Las instituciones democráticas vascas salían hacia el exilio. Para muchos, comenzaban años de cárcel y represión. No pocos fueron fusilados, en su mayoría, tras una farsa de juicio. La acusación que justificaba estos asesinatos legales era casi siempre la misma: auxilio a la rebelión. Entre 1936 y 1946, unos quince mil ciudadanos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa (incluidos sacerdotes católicos) fueron ejecutados (con y sin juicios) en las retaguardias franquistas (en estas cifras no se contabilizan, claro, las víctimas de los bombardeos de la aviación sobre población civil ni los caídos en el frente). Casi cien mil ciudadanos sufrieron exilio o destierro, o ambas cosas.

La dictadura militar franquista y postfranquista (1936-1977) en Euzkadi estuvo basada en cinco grandes pilares: el Ejército, las llamadas fuerzas del orden público (FOP), incluida la tenebrosa policía política (Brigada Político Social); una base social que, más o menos, representaba al 30 por ciento de la población, con porcentajes más altos en Araba y Nafarroa (superando en ambos casos el 60 por ciento en ese periodo), la Iglesia Católica (como institución) y la corrupción. Todo estaba relacionado. Los civiles estuvieron, primero, encuadrados en el Partido Único (Falange Española Tradicionalista y de las JONS) y, luego, en el Movimiento Nacional. Formaban una red de alcaldes, concejales, jefes locales y consejeros provinciales del Movimiento, jueces, fiscales, notarios, funcionarios de todo tipo, maestros de escuela,…

La represión fue intensa y extensa. Durante cuarenta años, las libertades básicas (reunión, asociación, prensa, expresión, prensa,…) estuvieron proscritas. El régimen se incautó de medios de comunicación, de empresas familiares, de inmuebles, de obras de arte,… y, por supuesto de sedes de partidos y sindicatos y cualquier tipo de asociación considerada como “no afín” o “desafecta”. Pero, no solo eso.

Los “vencedores” abolieron el Concierto Económico para Bizkaia y Gipuzkoa, consideradas “provincias traidoras” (no se castigaba a los “traidores” de esas provincias, sino a todo el territorio). Abolieron la autonomía y prohibieron la exhibición pública de la ikurriña o el término Euzkadi. Pero, los franquistas dedicaron un especial esfuerzo al exterminio de la lengua (el euskera) y cultura vascas.

En su libro La memoria insumisa, Nicolás Sartorius y Javier Alfaya señalan: “Explicar la dictadura no exige necesariamente contar el papel que cada uno jugó en la misma, aunque eso sería un ejercicio francamente pedagógico e ilustrativo. Ahora bien, se pueden y se deben explicitar las responsabilidades. Por ejemplo, qué instituciones importantes de este país tuvieron un papel en la represión, sin necesidad de dar nombres de los represores, de los confidentes, de los colaboradores, etc. Porque la represión de las actividades antifranquistas no fue una labor exclusiva de las fuerzas de orden público. La participación en esta tarea fue amplísima y participaron en ella estamentos enteros de la sociedad y personas que desde la óptica actual nos parecerían inimaginables. Si con los archivos policíacos hubiese ocurrido en España lo sucedido con los de la Stasi en la Alemania democrática o con los de la PIDE en Portugal, se producirían muchas sorpresas”. Es cierto que el franquismo se ocupó de borra huellas destruyendo no pocos archivos, pero el PSOE se sigue negando a desclasificar los que se han salvado y están en instituciones del Estado.

Da la sensación de que amplios sectores del franquismo pensaban que el régimen, efectivamente, duraría eternamente. Eran felices en aquella mezcla hortera de comedia y tragedia (tan tan bien retrató Luis Carandell en libros como Celtiberia Show o Democracia pero orgánica). Y, por ello, muchos de ellos no dudaron en implicarse (por acción o compresión), ya no en las instituciones del régimen, sino, además, en algunos de los actos más sangrientos y repugnantes del tardofranquismo: desde el juicio de Burgos o los estados de excepción y fusilamientos de 1975 a la matanza de obreros en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 y los sucesos de Montejurra en mayo de aquel mismo año. No hay que olvidar que gentes como Marcelino Oreja o Alfredo Marco Tabar (el mismo que hoy encabeza la campaña “a favor de la enseñanza del castellano”) fueron prohombres del franquismo (jerarcas del sindicato vertical, consejeros del movimiento, procuradores a Cortes, alcaldes).

Manuel Fraga, el ministro de Gobernación en los días de la matanza de Vitoria, declarase en a El Universal de Caracas el 12 de diciembre de 1976 que "antes de permitir exhibir esa bandera (la ikurriña), pasarán sobre mi cadáver".

Aún no había acabado aquel año, cuando Manuel Fraga Iribarne, junto a cinco ex ministros de Franco y el presidente de la Hermandad Nacional de Combatientes de la Cruzada, fundaba el Partido Popular (llamado entonces Alianza Popular). Lo hizo en base a una ley de asociaciones que seguía proscribiendo a los partidos políticos democráticos.

Mientras tanto, Adolfo Suárez, el ministro-secretario general del Movimiento, considerado como “aperturista”, había sustituido a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno y se preparaba para organizar una transición hacia un régimen democrático. Sucedió que, por otro lado, Suárez no tenía partido, así que con la cobertura de un grupo de personalidades franquistas (que iban a acercándose a posturas democráticas), algunos pequeños partidos y coaliciones y, sobre todo, con el apoyo de los gobernadores civiles y la estructura del Movimiento (jefes locales, alcaldes, concejales,…) se montó la Unión de Centro Democrático (UCD).

La UCD, que, como luego se ha sabido (ver Gregorio Morán, Historia de una ambición), utilizó fondos públicos para su campaña electoral, ganó las primeras elecciones generales celebradas el 15 de junio de 1977. Como recuerdan Fernando Jauregui y Manuel Soriano (La otra historia de UCD) más de dos terceras partes de los electos de UCD en las dos primeras legislaturas proceden del franquismo en sus diferentes niveles. Solo Fuerza Nueva (liderada por Blas Piñar) se presentó como franquista. Es entonces cuando tanto el PP (AP) como la UCD comienzan su homologación democrática. Esto dio lugar a diferentes reacciones de franquistas irreductibles como el escritor Fernando Vizcaíno Casas publicase libros como De camisa vieja a chaqueta nueva (los “camisas viejas” eran los falangistas de primera hora) o Al tercer año, resucitó (contaba la reacción de los antiguos franquistas al enterarse que Franco había resucitado).

Paulatinamente, elementos de la UCD (en descomposición) van sumándose a AlianzaPopular que, tras el X Congreso de 1990, pasa a denominarse Partido Popular, aunque mantiene la linea histórica con la AP de 1976.

Las Derechas

El pasado otoño (el 9 de octubre, para ser exactos) el Partido Popular cumplía treinta años en la más absoluta discreción. Como si, a sus dirigentes, les diese vergüenza la efeméride. No hay que olvidar el PP, entonces, Alianza Popular, había nacido como una federación de pequeñas asociaciones encabezadas por significados franquistas. Son los llamados “siete magníficos”: Manuel Fraga Iribarne, Laureano López Rodó, Federico Silva Muñoz, Licinio de la Fuente y de la Fuente, Cruz Martínez Esteruelas, Gonzalo Fernández de la Mora y Enrique Thomas de Carranza. Los seis primeros habían sido ministros en diferentes Gobierno de Franco. El último era el presidente de los “combatientes” franquistas (Hermandad Nacional de Combatientes). Manuel Fraga, además, había sido ministro de Gobernación con Arias Navarro (1975-1976) y, como tal, responsable de la matanza de Vitoria (3 de marzo de 1976).

El pensamiento fundacional de Manuel Fraga quedó recogido en un librito “Alianza Popular”, editado en Bilbao (Ediciones Albia, 1976) y desarrolla en parte el programa del primer Gobierno de la Monarquía redactado por el propio Fraga. Este podía resumirse en algo así como: democracia sí, pero, poco a poco, en pequeñas dosis y manteniendo en lo esencial el aparato institucional del franquismo.

Mientras todo esto ocurre, se vive el período que Nicolás Sartorius y Alberto Sabio han denominado “el final de la dictadura” y que comprende entre las 4 y veinte de la madrugada del 20 de noviembre de 1975 (cuando Francisco Franco deja de existir) y las 9 de la mañana del 15 de junio de 1977 (cuando se abrieron los colegios electorales).

En este período, poco menos de dos años, las derechas, especialmente, Carlos Arias-Navarro, habían fracasado estrepitosamente a la hora de perpetuar un franquismo sin Franco. Y, por si fuera poco, acabó alineándose con el sector más radical del franquismo: el llamado “bunker”.

Pero, mientras se producía la pugna entre franquistas reformistas (Fernández-Miranda), franquistas radicales (Girón de Velasco-Arias) y “tercera vía” franquista (Fraga), la oposición, que se estaba reorganizando, había tomado las calles. A esto, había que sumar las protestas obreras. Y, claro, todo último no podía tolerarse.

El balance de la represión en el final de la dictadura resulta estremecedor. Arias Navarro ya lo había dejado claro: “El Gobierno dispone de fuerzas de orden público y de seguridad más que suficientes para aplastar inexorablemente cualquier intento de subvertir o alterar la vida del país”. La política de “mano dura” se aplicó tanto en el período Arias como en el período Suárez. El resultado: decenas de muertos y heridos, aderezados con las torturas de la extrema-derecha y las intervenciones de la extrema-derecha (sobre todo los “guerrilleros de Cristo Rey”). Destacados miembros de la oligarquía franquista como Araluce Villar y Oriol Urquijo financiaron a los grupos de extrema-derecha que participaron en la matanza de Montejurra (mayo de 1976).

En este marco, la opinión pública internacional, especialmente la europea, no parecía muy favorable al mantenimiento en el Continente de una dictaduta, especialmente tras la caída de las dictaduras de Grecia y Portugal.

Carlos Arias Navarro, “carnicerito de Málaga” (sobrenombre que le venía de sus tiempos de fiscal militar en la ciudad andaluza tras la guerra civil), fue sustituido por Adolfo Suárez por influencia de Fernández-Miranda. Es este último el encargado de poner los medios para liquidar la dictadura.

Ante los tiempos que se avecinaban, las derechas fueron incapaces de presentarse unidas a unas elecciones. Sobre todo por la aversión personal entre Fraga y Suárez. Había que crear un partido para Adolfo Suárez, así que una comisión de notables vinculados en buena parte al Gobierno, aprovecharon la estructura del Estado y del Movimiento Nacional (el partido único franquista) para crear la UCD. Lo que si quedaba claro, como recordó Francisco José Llera en su tesis doctoral, es el origen franquista tanto de AP como de la UCD, a pesar de algunas “incrustaciones”.

Y esto sirve para el Euzkadi. En 1977, los partidos de derecha estaban fundamentalmente por franquistas. Casi todos los cuadros de la UCD están muy vinculados a los llamados “consejos del Movimiento”(alcaldes, jefes locales, consejeros provinciales,..). Estos últimos, por ejemplo, habían jugado un papel determinante en la represión de los días del “estado de excepción” en Bizkaia y Gipuzkoa (1975).

Hace treinta años y medio las derechas comenzaban su camino hacia la homologación democrática. Según Sartorius, sus crímenes quedaron formalmente amnistiados en 1977. Curiosamente va a ser ETA la que atentando contra miembros de la derecha acelerase esa homologación.

Si uno acude a la página web del PP, se dará cuenta que, efectivamente, AP y PP son la misma cosa. Por ejemplo, el orden de sus congresos es correlativo. Entonces, ¿por qué se han olvidado de su cumpleaños?.

Enviado a DEIA el 1 de mayo de 2007.